13 de febrero 2006 - 00:00
Gremios anticipan resistir ley de Solá
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Apuntan los sindicalistas al menos a que el Ejecutivo defina sin dejar lugar a dudas cuál sería el organismo imparcial y cuáles serían los servicios considerados esenciales que deberían garantizarse en caso de medidas de fuerza, algo que aún no está claro en el proyecto de Solá.
En paralelo, desde la CTA continúan apostando a una salida negociada con el Ejecutivo, pero igualmente habría amenazas de paros y movilizaciones contra las múltiples convenciones de negociación promovidas por Mouilleron.
A su vez, en el caso de que fallen las negociaciones con legisladores y los intentos por impulsar una iniciativa que modifique a la original, los gremialistas no dudarían en recurrir a la Justicia.
Apelación
No se descarta la apelación a la Suprema Corte bonaerense, algo que ya se hizo para reclamar la restitución de lo descontado en sueldos durante la emergencia económica.
Las agrupaciones reclaman que Solá «respete los puntos acordados en las últimas negociaciones», algo en lo que el gobierno no parecería dispuesto a ceder, por lo cual todo indica que se avecinaría un recrudecimiento de los reclamos de estatales, con el pedido de aumentos salariales a la cabeza de los pedidos.
Consciente de esta problemática, Solá pretende conseguir que en 2006 los conflictos sociolaborales estén más controlados que durante los ciclos anteriores, en los cuales hubo fuertes protestas en la provincia, lideradas por docentes y judiciales.
En este sentido, el gobernador ya hizo un guiño importante para intentar poner en caja a sectores piqueteros que pueden complicar su gestión.
La creación de un Consejo de Integración social bonaerense ya fue acordada días atrás con los diputados líderes de los movimientos sociales Luis D’lía (FTV), Emilio Pérsico (MTD Evita), Jorge Ceballos (Barrios de Pie) y Edgardo Depetris (CTA).




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