El Gobierno nacional promulgó ayer la Ley 27.634 de Consenso Fiscal consensuada por Alberto Fernández y los gobernadores en diciembre y sancionada en junio pasado, que vuelve a suspender -ahora, hasta el 31 de diciembre próximo- el cronograma de bajas de impuestos provinciales acordado en 2017 con Mauricio Macri.
Extienden tregua en obligación de gobernadores de bajar impuestos
Suspensión de la orden de achicar presión tributaria arrancó a fin de 2019, por aliento de Alberto Fernández, y ahora la prorrogan hasta diciembre. No hubo grandes cambios en II.BB., pero margen para subas queda abierto.
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Sello. El Boletín Oficial formalizó un entendimiento rubricado por Alberto Fernández y los gobernadores en diciembre pasado y sancionado luego por el Congreso en junio. Un paraguas que alivia las finanzas provinciales.
Un freezer similar habían definido -para 2020- el Presidente y los mandatarios en diciembre de 2019, a pocos días de la asunción de Fernández en la Casa Rosada, por lo que ese “permitido” lleva ya un año y medio, y sumará otro semestre más.
Esa liberación del calendario obligado de reducción de alícuotas en materia de Ingresos Brutos, Sellos e Impuesto Inmobiliario no derivó sin embargo el año pasado en un escenario de aumentos masivos de la presión tributaria por parte de los gobernadores, probablemente por la imposibilidad de avanzar en esa línea frente al duro impacto de la pandemia en la actividad económica y en los bolsillos de los ciudadanos.
Según un reciente informe del Ministerio de Finanzas cordobés de Osvaldo Giordano, “en 2020 no hubo grandes cambios en las alícuotas de Ingresos Brutos en las provincias”, mientras que entre 2017 y 2020 son 20 las jurisdicciones que bajaron la presión tributaria en ese rubro.
Sin embargo, ese escenario podría cambiar y los gobernadores podrían hacer uso del margen que aún les quede para subir alícuotas -dentro de los topes vigentes-, de la mano de las señales de reactivación de la economía y la necesidad de los mandatarios de potenciar los recursos, erosionados por la crisis sanitaria y el año electoral.
En rigor, desde Aerarium afirmaron ayer que “el Consenso Fiscal no permite subir impuestos” sino que “lo que se hizo fue, para todas las actividades madre, que sigan vigentes las alícuotas del año pasado”. Pero remarcaron que “las que sí se liberaron fueron las correspondientes a servicios e intermediación financieros”.
No obstante, señalaron que “a nivel macro representa mayor presión impositiva para las empresas y contribuyentes”, sobre todo si el foco está puesto en el impuesto a los Ingresos Brutos, “que es el más distorsivo y explica cerca del 80 % de la recaudación provincial”. “Es un retroceso a nivel institucional”, dijeron desde la consultora que lideran Paulino Caballero y Guillermo Giussi, además de resaltar que “su aprobación no implica que todas las provincias comiencen a aumentar impuestos, sino que no tienen que bajarlos respecto a los del año pasado, ya que el Consenso generaba el compromiso de bajar impuestos”.
Por su parte, el director de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, ve un potencial impacto directo. “Las provincias, con diferentes intensidades, sin duda harán uso de esta posibilidad de subir alícuotas”, aseguró ayer a este diario.
Pegoraro además remarcó que “algunas de hecho ya lo hicieron, en actividades donde no regía la prohibición, como el sector financiero”. “Si bien las recaudaciones provinciales vienen con un boom de crecimiento -por la baja base, sobre todo-, lo cierto es que necesitan un poco más de aire para sostener el gasto, que viene creciendo, y la promulgación del Consenso les da ese aire”, dijo. También precisó que, además de la prórroga de la suspensión de la obligación de bajar impuestos, también “elimina topes al Impuesto Inmobiliario y permite subas en alícuotas del Impuesto a los Sellos”, y “permite eliminar la desgravación de ingresos de exportaciones”.
El entendimiento que entró en vigencia ayer además vuelve a prohibir el incremento -hasta el 31 de diciembre- del stock de deuda pública en moneda extranjera. Y reedita la suspensión por un año de los procesos judiciales por la distribución de la coparticipación.
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