Incidentes ayer por contrato de agua

Los hechos se produjeron cuando los manifestantes intentaron derribar el vallado que protegía el edificio donde debatían los legisladores. La Policía contrarrestó disparando balas de goma y fue resistida con proyectiles y bombas de estruendo. Fuentes policiales informaron que se detuvo a cuatro personas y que dos efectivos de seguridad resultaron heridos. A su vez, la legisladora de Izquierda Unida, Liliana Olivero, indicó que también dos manifestantes fueron heridos.
La tensión se vivió ayer desde la previa al inicio de la sesión, cuando algunos diputados fueron agredidos verbalmente al ingresar a la Legislatura e, incluso, recibieron huevazos.
 Escenario
Mientras se producían los enfrentamientos, en el interior de la Legislatura el bloque de Unión por Córdoba (UPC) -coalición del PJ y partidos aliados- debatía con los legisladores del Frente Nuevo -responde al intendente opositor Luis Juez- el contrato que finalmente se disponía a ser aprobado gracias al voto de la mayoría peronista. La UCR, el Frente para la Victoria y la Izquierda Unida se retiraron del recinto.
El contrato incluye el congelamiento de las tarifas hasta 2008, año en que se impondrá un único aumento tarifario de 12%. También se autorizan subsidios por parte del Estado provincial a la empresa, para compensar los costos inflacionarios y, además, Aguas Cordobesas queda eximida en forma indefinida del pago del canon.
Desde el Frente Nuevo y otras fuerzas opositoras se oponen a los subsidios que recibiría el grupo Roggio -cercanos a los $ 30 millones-, y además quieren que la prestación del agua pase a manos del Estado o de una empresa mixta que emule el modelo nacional.
Mientras tanto, desde la Municipalidad que conduce Juez apuran los preparativos para que el 10 de diciembre pueda realizarse una consulta popular -no vinculante- convocada en la que la población deberá expedirse si desea un modelo privado o estatal para el agua. A su vez, trascendió ayer que Juez tenía previsto viajar hoy a Buenos Aires junto a gremialistas para reunirse con funcionarios nacionales, para denunciar que De la Sota se está apartando del «modelo nacional».