21 de diciembre 2007 - 00:00

Industrias del interior, complicadas por tickets

Un duro cuestionamiento y un pedido formal al Poder Ejecutivo Nacional preparan los industriales de Córdoba y Santa Fe ante el confuso escenario que plantea el derogamiento de la ley de tickets.

Tanto los directivos de la Unión Industrial de Córdoba, como sus pares santafesinos, y también cámaras comerciales de la Región Centro entraron en estado de alerta frente a la complejidad jurídica y el alto costo de las «inconsistencias» de la mencionada derogación. En estas provincias las empresas enfrentan al menos tres problemas serios y caros.

El primero de ellos es que de los tres instrumentos de pago que había vigentes, el Congreso sólo derogó dos de ellos. Fueron eliminados el Ticket Canasta, el Ticket Restaurante, pero no el que se denomina «ticket de comida in house», es decir aquel que sirve para pagar comidas en los comedores instalados dentro de las fábricas o empresas. Esto implica una situación de desigualdad que las cúpulas industriales de Córdoba y Santa Fe vienen receptando, principalmente entre pymes, las más perjudicadas. Es que, de aplicarse la ley como fue aprobada, las empresas que cuentan con comedores en su interior podrán mantener los pagos con tickets (beneficiándose), mientras que las compañías que no cuentan con esas instalaciones deberán pagar en efectivo.


  • Difusa


  • En segundo orden es muy difusa la ley sancionada en relación a la obligación patronal de reemplazar el pago de tickets por efectivo, cuando este rubro no está específicamente dispuesto en el convenio colectivo. Hay empresas que ya anticiparon ante los organismos empresarios que sus convenios no los obligan a pagar esos «plus», y que el pago en tickets era voluntario. De manera que, para muchos trabajadores, la derogación podría significar de hecho una reducción en los haberes. Obviamente esto está planteando en toda la región centro un estado de potencial conflictividad sindical. En tercer lugar, los dirigentes industriales insisten que en la falta de claridad de la ley Recalde, abre un interrogante sobre quién debería pagar los impuestos laborales del segmento de salario que pasará de ticket a efectivo. Por supuesto los industriales cordobeses y santa-fesinos ya anticiparon a sus entidades que sus compañías no están en condiciones de asumir ese costo.

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