30 de julio 2004 - 00:00
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En la otra vereda, en el entorno del transversal gobierno de Carlos Rovira, leen la avanzada como una medida que se da de bruces con la inicial intención de achicar los costos de la política. Pero la ven, además, como un intento opositor de trabar la posibilidad de que en los comicios 2005 el oficialista Frente Renovador acceda a una mayoría legislativa, y una forma más de «embarrar la cancha» para voltear la fecha anticipada de comicios.
Por caso, según el jefe de Gabinete, Maurice Closs, la iniciativa se convertirá en «un retroceso desde el punto de vista político, además de implicar un gasto en la política a contrapelo de lo que se pregona».
El debate se abre además en lo que respecta a sobre qué elecciones comenzará a aplicarse el concepto de Legislatura ampliada. Para el gobierno, de aprobarse la reforma, recién podrá ser aplicada desde las elecciones de 2007, y no en los inminentes comicios legislativos del 30 de enero de 2005, ya que los decretos con la convocatoria contemplaban ya el actual estado de cosas, y «ninguna ley tiene efecto retroactivo».
La oposición, en cambio, mira las cosas con otro cristal, al considerar que el nuevo escenario legislativo debe comenzar a regir a partir de la compulsa electoral de principios de 2005, fecha en que en principio deberían ser renovadas 15 bancas, para llegar al número de 30 legisladores.




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