Justicia compromete más al gobierno de Miranda

Un informe jurídico sobre la factibilidad de realizar las elecciones provinciales el 27 de abril llegará hoy a manos de Miranda. La intensión es estudiar dos artículos (84 y 47) de la Constitución tucumana que impiden correr la fecha electoral, ya que la reforma de la Carta Magna es un tema muy delicado en la provincia, y ya significó una investigación por supuestos sobornos en la Legislatura para su aprobación, que incluía la posibilidad de reelegir las autoridades del Poder Ejecutivo.
«Democrática»

Desde el mirandismo presentan el adelantamiento como una salida democrática, mientras que desde un sector del gobierno más ligado al menemismo lo ven como una avanzada para que el duhaldismo llegue al poder a través del senador nacional, José Alperovich, por lo cual exigen que se respete la fecha programada para octubre, aduciendo que, por más que se vote en abril, las autoridades seguirían hasta fin de 2003. Paralelamente, desde el bussismo, piden la intervención federal de Tucumán.

Investigación

El funcionario que sería sometido a juicio y al cual se dictaría prisión preventiva por pedido de Jerez es el ex director de administración de la Secretaría de Desarrollo Humano, Juan Carlos Ledesma Posse, quien se encuentra actualmente detenido. En tanto que, tal como ordena el Código Procesal Penal de Tucumán, el fiscal tucumano pidió que se abra una investigación sumaria de dos meses contra Juri (como ministro goza de privilegios constitucionales) porque, «cuando se cometieron las anomalías, estaba al frente de la Secretaría de Desarrollo Humano», señaló Jerez. En caso de que el juez penal de turno haga lugar al requerimiento de Jerez se abrirá un sumario jurisdiccional por 60 días, al término de los cuales el magistrado resolverá si corresponde archivar la causa o pedir a la Legislatura que destituya al ministro para poder citarlo a declarar como imputado.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción tucumana efectuó el pedido en contra de Juri tras haber escuchado a Ledesma Posse quien, al declarar el lunes como imputado, negó haber adulterado facturas y haber cometido otras maniobras ilícitas para desviar $ 800 mil del programa Políticas Sociales Comunitarias.