Se trata de una respuesta a la demanda iniciada por el grupo inversor Greylock en setiembre de 2004, el único proceso del Estado mendocino en la Justicia estadounidense relacionado con la reestructuración de esos títulos públicos.
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«Como se recordará, la provincia había obtenido un contundente triunfo en primera instancia, tanto en esta demanda como en la entablada por Rabbi Jacob Joseph Scholl, cuya apelación también fue rechazada, en setiembre de 2005», señaló al respecto un comunicado de la cartera de Hacienda del gobierno del radical Julio Cobos.
«El fallo concluye con la única acción judicial pendiente. Además, llega exactamente en momentos en que desde el Ministerio de Hacienda,-y merced a la autorización conferida por la Ley de Presupuesto 2006, el gobierno ha iniciado el proceso hacia el tramo final de la reestructuración de su deuda», indica el informe publicado por Mendoza el viernes pasado.
El bono Aconcagua fue emitido en 1997 por u$s 250 millones, con vencimiento en un pago único de capital en setiembre de 2007, a una tasa de 10% anual. Fue reestructurado en la propuesta ofrecida por la provincia por bonos de amortización a 5,5% nominal anual, con vencimientos hasta 2018.
Al cierre de la oferta, se canjearon bonos por u$s 150,4 millones, se cancelaron bonos por u$s 8,8 millones, recibidos en pago de impuestos provinciales, y entre febrero y julio de 2005, a solicitud de algunos tenedores que no alcanzaron a entrar oportunamente, la provincia aceptó canjes adicionales por u$s 20,5 millones bajo las mismas condiciones de la transacción concluida el 22 de octubre de 2004.
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