La Corte denunció penalmente a Peralta por desobedecerla

Daniel Peralta

La tirante relación entre el Gobierno y la Justicia derivó ayer en una reacción de la Corte Suprema, que dictó simultáneamente varias resoluciones sensibles para el kirchnerismo. La más contundente cargó contra el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a quien el máximo tribunal denunció penalmente por incumplir dos pedidos del tribunal para reincorporar a Eduardo Sosa a su cargo de procurador.

La última señal de Peralta fue resolver por medio del Decreto 3.026 del 21 de diciembre de 2009 desdoblar el cargo de agente fiscal y lo remitió para su tratamiento a la Legislatura local. Ayer, el gobernador no sólo defendió este proyecto para desdoblar el cargo sino que aseguró que la denuncia de la Corte tiene «intencionalidad política». «No conozco a ningún gobernador que haya sido sancionado por el máximo tribunal de Justicia del país», subrayó.

«Voy a mantenerme en la posición que me mantuve hasta ahora», afirmó Peralta, quien se quejó porque aún no había sido notificado del fallo de la Corte Suprema.

A su vez, en un hecho inédito, la Corte pidió la intervención del Congreso nacional a fin de «asegurar, proteger y vigilar la integridad, la autonomía y la subsistencia de las provincias, dentro de la unidad coherente del estado federal al que pertenecen».

El Congreso podría como máxima sanción disponer la intervención de la provincia de Santa Cruz, o bien citar al gobernador a dar explicaciones, entre otras alternativas. Esta variable sólo podría ser viable en Diputados, donde hay mayoría opositora.

Ayer, por lo pronto, los legisladores de la oposición celebraron la decisión de la Corte y argumentaron que antes de avanzar con algún mecanismo legislativo esperan que Peralta «privilegie el sentido común» y acate la decisión de la Justicia.

En el Senado, donde la relación de fuerzas favorece al kirchnerismo, el santacruceño Alfredo Martínez (UCR) dijo que desde el bloque que integra junto a Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Ramón Mestre, José Cano y Nito Artaza, entre otros, planteará «el cumplimiento efectivo» de la decisión de la Corte.

«Cuando Kirchner desplazó a Sosa lo hizo como un capricho bien direccionado, y la Corte de entonces -la que tenía otra composición y otras características- también le ordenó restituir al procurador, y él como gobernador también la desoyó», recordó Martínez.

La resolución del alto tribunal devino luego de que en dos ocasiones intimara a la provincia a reincorporar a Sosa, quien fuera expulsado por el entonces gobernador Néstor Kirchner en 1995: «Peralta no ha cumplido con el mandato que esta Corte le impuso el 20 de octubre y le reiteró el 10 de noviembre» de 2009, según el fallo.

La Corte, con la firma de todos los jueces salvo del ministro Enrique Petracchi, denunció a Peralta ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia «para que, por quien corresponda, se investigue la posible comisión de un delito de acción pública».

«No obstante el tiempo transcurrido, la situación de incumplimiento se mantiene, por lo que la omisión en que han incurrido las autoridades provinciales configura un desconocimiento inadmisible de sentencias de esta Corte», señaló el fallo.

«El incumplimiento por parte de Santa Cruz de una sentencia de la Corte constituye un desconocimiento del principio de división de poderes que las provincias se han comprometido a garantizar, a la par que afecta la relación de subordinación propia del federalismo al que deben sujetarse todas las provincias argentinas cuando reciben un mandato del poder federal», añadió.

Por otra parte, el principal cuerpo judicial del país tomó intervención en el caso de la represa Ayuí de Corrientes, tras la denuncia presentada por el Gobierno contra la provincia por ese emprendimiento, que también involucra a un directivo de Clarín (ver aparte).