28 de julio 2008 - 00:00
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En el primero de los casos, la iniciativa apunta a extender el cobro de Ingresos Brutos a la industria y a la construcción, hasta ahora exentos. Los sectores afectados ya mostraron su disconformidad.
En el segundo, en tanto, la intención original era recortar jubilaciones superiores a 5 mil pesos (hoy los gremios volverán a protestar ante esa posibilidad).
Sin embargo, ahora el Legislativo mediterráneo analiza aplicar un sistema de «ahorro solidario» con un bono a 8 años, con la salvedad de que si Nación paga la deuda previsional voluntariamente o por orden judicial, los títulos deberán se rescatados en forma anticipada.
Con esta estrategia, el bloque de legisladores del PJ saca un as de la manga que le permitirá mayor plafond político para aprobar el proyecto, junto con la reforma impositiva.
Así lo hizo saber el titular del bloque, Daniel Paserini, quien activó la medida con el propósito de aliviar el efecto sobre los pasivos y, aunque aún no trascendieron detalles técnicos de esta modificación, se sabe que cuenta con el aval del Ejecutivo.
La necesidad de ajustar los fondos en el Sistema Provisional de Córdoba es «impostergable», según la definición de los propios funcionarios. Esto hace suponer que no ven en el corto plazo una relación recompuesta con Cristina de Kirchner que permita mantener los egresos del sistema con la cobertura de su déficit, de acuerdo con el pacto firmado entre Córdoba y el Estado federal.
Los salarios jubilatorios de Córdoba se ubican al tope en el sistema nacional y fueron producto de un acuerdo que logró José Manuel de la Sota en 2001 con Nación para compensar, con la cobertura del déficit, las quitas en coparticipación que sufre la provincia desde 1991 y que solventan al sistema nacional.
De todas maneras, aun avanzando con estas reformas al proyecto original, sí se mantendrán las modificaciones a algunos de los regímenes actuales, como por ejemplo varios «privilegios» que gozan el Poder Judicial y los afiliados de Luz y Fuerza.
Las medidas, como viene anunciando el gobierno de Córdoba, son necesarias frente a lo que definen como un «incumplimiento y discriminación de Nación» en el pago de deudas a Córdoba en materia de rojo previsional ($ 1.600 millones), obra pública y asistencia social.




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