Los cancilleres buscan tregua durante este mes

El pedido, realizado desde el gobierno de Tabaré Vázquez, es el de dejar de efectuar mutuamente, en el ámbito oficial, declaraciones públicas de alto impacto desde ambos ministerios, esperando a que se termine de reunir la comisión bilateral encargada de estudiar si efectivamente la radicación de las dos plantas genera contaminación ambiental en la costa argentina. Este grupo tendrá este mes dos reuniones, una la próxima semana en Buenos Aires y otra cerca del 25 en Montevideo. Ese será el último encuentro, y no más allá de los primeros 15 días de febrero el grupo tendrá que emitir un dictamen sobre el conflicto. El pedido de los funcionarios de la Cancillería de Gargano es que, hasta conocerse este documento, al menos en boca de los funcionarios del Palacio San Martín, el nivel de agresión verbal disminuya.

Nada se dijo, sin embargo, en cuanto a la posibilidad de que el gobierno de Néstor Kirchner interceda en la disminución de las manifestaciones y piquetes en Gualeguaychú, que impiden la llegada de turistas al Uruguay.

Ayer por la mañana, antes de la comunicación entre los dos ministerios, Reinaldo Gargano había asegurado que un boicot comercial argentino a los productos de dos plantas de celulosa que se construyen en Uruguay atentaría contra el Mercosur. Gargano, que además es el presidente del Partido Socialista Uruguayo, el mismo del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, calificó de «irreflexivas» unas declaraciones del director de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela, en las que se mencionaba la posibilidad del boicot. El canciller dijo que las diferencias entre ambos gobiernos parecían encaminarse para buscar una solución en el grupo técnico binacional de intercambio de información sobre las plantas de celulosa. «Sin embargo, la manija (presión) en la Argentina no cesa», agregó. Las dos plantas motivo de la polémica, una de la empresa española Ence y otra de la finlandesa Botnia, se levantarán en el departamento uruguayo de Río Negro, a orillas del río Uruguay, con una inversión conjunta de 1.800 millones de dólares, la mayor recibida por Uruguay en su historia. Las obras de construcción avanzan a pesar de las protestas del gobierno argentino y de grupos del vecino país de defensa del medio ambiente que aseguran que las fábricas causarán contaminación y daños al ecosistema de la región.