Más gobernadores aceleran incorporar a contratados

Jorge Obeid

La iniciativa recobró fuerza a fines de 2004, al calor de la presión de gremios por aumentos salariales y reivindicaciones que incluyen la efectivización de trabajadores. Uno de los principales argumentos esgrimidos da cuenta de que el sistema de contratos fue ideado para cuestiones de excepción y no debería prolongarse a lo largo de los años.

Por su parte, para el empleado trasladado a la plantilla, si bien el sueldo en muchas oportunidades termina siendo menor -ya que la suma se toma como el salario bruto-, se ven beneficiados por la asistencia de obra social y ART, además de la estabilidad laboral.

Asimismo, el pase a planta cubre a los gobiernos de evitar «masivos juicios laborales contra el Estado», por la precariedad legal en muchos casos de esos contratos, según explicó una fuente provincial.
Entre los distritos que están tomando medidas al respecto se encuentran Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco; en tanto que analizan si avanzan en igual sentido, por caso, Santa Cruz, Río Negro, Catamarca y Mendoza.

Nación no está exenta en el tema, ya que una de las promesas del gobierno federal es atender el tema de los contratados, que abarcan alrededor de 7,5% de los 250 mil empleados nacionales. Por caso, ANSeS y AFIP efectivizaron unos 3.000 contratados durante 2004.

«Se supone que el Estado debe dar el ejemplo, de otro modo no podría exigir nada a los privados», puntualizó una fuente del gobierno de Tierra del Fuego, que ya comenzó un proceso de incorporación de unos 4.500 empleados contratados y de planes sociales locales. Se completará así una planta de 12 mil personas, incrementando el gasto salarial en $ 10 millones anuales, según los cálculos oficiales.

También hay novedades en provincias grandes. En Santa Fe, el gobernador Jorge Obeid destinó una partida presupuestaria para la efectivización de empleados contratados que se desempeñan en las llamadas áreas de emergencia, como salud y una minoría de docentes y trabajadores del área de minoridad.

Un caso especial lo constituye Córdoba, donde el Sindicato de Empleados Públicos negocia con el gobierno de José Manuel de la Sota un aumento salarial homólogo a los $ 100 que otorgó Nación a sus empleados.

Las tratativas continuarán en los próximos meses e incluyen la posibilidad de aplicar algunas reivindicaciones para contratados, como una compensación o «indemnización» una vez que cesen en sus funciones.

En Buenos Aires, el tema es complejo, ya que Felipe Solá había presupuestado unos 14 mil nuevos puestos de trabajo, que se dividían en 8 mil nuevos cargos en Policía, salud y educación y el resto en efectivización de contratados. En medio de la disputa entre duhaldistas y felipistas por el Presupuesto 2005, la Legislatura rechazó los pases a planta, diluyendo la intención del gobernador. Actualmente hay unos 38.700 empleados de planta temporaria en Buenos Aires, que representan alrededor de 12% del total de agentes públicos, según el Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

En Chaco, en tanto, la ley que determinó el pase a planta permanente de los contratados data de 2003 y permitió que, desde ese año y hasta hoy, hayan pasado a la plantilla de empleados públicos alrededor de 3.200 personas. Este año continuará el pase, aunque sólo restan efectivizar pocos contratados.

En paralelo, un decreto del gobernador entrerriano Jorge Busti efectivizó una nueva tanda de pases a planta permanente para agentes que fueron despedidos por la Ley 9.235, por la cual el ex mandatario Sergio Montiel había echado a unos 3.000 contratados.