Ordenan cumplir con ley educativa

La sentencia del máximo tribunal -del 12 de agosto pasado- declaró inconstitucional un decreto de 2001 del mandatario justicialista Julio Miranda, que derogó la aplicación de la Enseñanza General Básica (EGB) en la educación estatal local por falta de recursos para financiarla.Según «La Gaceta» de Tucumán, con la orden de la Corte la provincia debe cumplir, entre otros ítem, con las premisas de 10 años de enseñanza obligatoria -desde el jardín de infantes hasta el 9º año-, y con la cantidad de horas cátedra que marca la ley para el 7º, el 8º y el 9º.
Según se informó, la implementación del tercer ciclo le representa a la provincia 21 millones de pesos anuales.
Será, entonces, uno de los desafíos que deberá encarar el gobernador electo José Alperovich, a quien Miranda le entregará el poder el próximo 29 de octubre. Aunque ayer el gobierno tucumano no había sido notificado oficialmente del fallo, la primera reacción del ministro de Economía local, José Cúneo Vergés, fue condicionar esa implementación a «las posibilidades financieras de la provincia».