Peligra seguridad en planta tomada

En la noche de ayer se cumplieron dos días del copamiento de esa planta clave, por donde sale todo el petróleo extraído del norte provincial. En ese marco, las empresas del sector se esperanzaban con un inminente fallo de desalojo -lo analizaba anoche la Justicia-, habida cuenta de la extrema peligrosidad del escenario desatado por los activistas, que «no permiten manejar los sistemas de seguridad y control» para prevenir accidentes y enfrentar siniestros.Se trata, además, del primer caso de toma grave de una empresa, y nada menos que en la provincia natal de Néstor Kirchner, luego de que el Presidente descabezara las carteras de Justicia y Seguridad, forzando los alejamientos de Gustavo Béliz y de Norberto Quantín. Precisamente, el flamante secretario de Seguridad nacional, Alberto Iribarne, dijo que el gobierno impedirá la toma de edificios públicos y empresas. «Lo de Santa Cruz será un punto de inflexión», leyeron ayer desde una de las petroleras.
Por la toma, las empresas que operan en la región debieron disminuir el bombeo de los pozos. De perpetuarse en el tiempo, comenzarían a verse afectados los contratos de venta del negro fluido y el abastecimiento de crudo y de nafta de toda la zona.
Los autodenominados desocupados se hicieron dueños de la playa de tanques el lunes por la noche, en reclamo de 200 puestos de trabajo del sector petrolero. A través de esa planta, sacan el petróleo extraído de la provincia empresas como Repsol-YPF y Vintage Oil.
Ayer, fuentes vinculadas con la actividad petrolera de la zona aseguraron que los activistas «han violentado áreas restringidas de la planta, desde donde se operan sistemas críticos de seguridad». «Ignoran por completo la naturaleza de los riesgos que corre su propia seguridad y la de la comunidad caletense (en referencia a la ciudad de Caleta Olivia)», advirtieron. Como potencial daño, anotaron, además, el impacto ambiental, ya que -aseguraron- «existe riesgo de derrame a las aguas del Golfo San Jorge». «Dejaron fuera de servicio las computadoras que manejan diversos controles» en la planta, «incluido el sistema contra incendio y de aviso de derrames», a la vez que «desalojaron al personal» de la planta, advirtieron.
Sobre la base de esos argumentos de seguridad pública, confiaban anoche en que el Juez de Instrucción local, Marcelo Bailaque, podría ordenar el desalojo inmediato de la planta, de acuerdo con la presentación judicial concretada el martes por Termap. Ese magistrado procesó en marzo pasado a cerca de 15 activistas que también habían tomado las instalaciones de Termap.
Para las fuentes, se trata de personas que no tienen que ver con el sector petrolero y que «ni siquiera pertenecen a la provincia». Ayer trascendió que adherentes al Polo Obrero en Comodoro Rivadavia viajarían hasta Caleta Olivia para sumarse a la ocupación de Termap, mientras que otros manifestantes harían lo propio con otra planta de esa empresa situada en Caleta Córdova.
Termap es un consorcio formado por Pan American Energy, Repsol YPF, Total Austral, Vintage Oil y Shell, entre otras empresas. Mensualmente, recibe de los productores de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge un volumen promedio de crudo de 1.250.000 metros cúbicos, 33,4% del producido en el país.