Por medio de una carta que envió a sus pares de la OFEPHI, Romero dio a conocer su dimisión y apuntó también al ámbito federal: «Hemos aceptado un decreto del Poder Ejecutivo que no ha representado una solución y no hemos sido capaces, ni Nación, ni el Congreso, ni los gobernadores, de sancionar la ley de hidrocarburos».
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Los dichos apuntan a que las provincias productoras de hidrocarburos aún no lograron pleno reconocimiento de los derechos que figuran en la Constitución de 1994, y sólo consiguieron la firma del Decreto 546 -en 2003-, que les reconoce el derecho a la «exploración, concesión de explotación, almacenaje y transporte de hidrocarburos» en sus jurisdicciones». Aguardan, en tanto, la sanción de una nueva ley nacional de hidrocarburos que rija al sector en el marco de la Carta Magna.
El salteño resaltó la «escasez de reuniones de la Junta de Gobierno» y de la «ausencia notoria y reiterada de sus integrantes, indispensables para la adopción de políticas y cursos de acción», según consta en la carta remitida a los gobernadores Mario Das Neves (Chubut), Jorge Colazo (Tierra del Fuego), Sergio Acevedo (Santa Cruz), Jorge Sobisch (Neuquén), Julio Cobos (Mendoza), Carlos Verna (La Pampa), Eduardo Fellner (Jujuy) y Gildo Insfrán (Formosa).
También criticó que hoy el gas en boca de pozo se pague a u$s 69 centavos a provincias productoras, mientras que desde Bolivia se importa a u$s 1,40 el millón de BTU. En tanto que se mostró contrariado por la incidencia de las retenciones a la exportación del petróleo, que pueden llegar hasta 40% y no constituyen fondos coparticipables. «Fuimos soporte económico», pero «no se correspondió en la distribución», señaló.
Romero apunta que desde 2002 las provincias productoras perdieron unos u$s 826.490 millones (u$s 486.577 por pesificación del gas y u$s 339.914 por pesificación y retenciones petrolíferas).
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