Previsible: ahora todos quieren derogación de las retenciones

A medida que se profundiza y se extiende el debate en el Congreso por las retenciones móviles a la soja y otros productos del agro, aparecen nuevos sectores que reclaman la supresión de esta discutida obligación aduanera. Ahora, tanto los pequeños y medianos productores de frutas frescas como los grandes grupos exportadores del Alto Valle rionegrino se sumaron a esta petición, siguiendo los reclamos que ya vienen sosteniendo las empresas petroleras -anticipo de este diario- como las mineras que tienen millonarios proyectos de inversión para lo que se conoce como Cuenca Neuquina (sur de Mendoza, norte de Neuquén y oeste y sur de Río Negro), como para el resto de los yacimientos ubicados en Salta, San Juan y Catamarca.
En cuanto a las frutas, desde Cipoletti una denominada «Mesa de Enlace regional», presidida por el pequeño productor Carlos Carrascós, un simil rionegrino aunque con menor impacto masivo de Alfredo de Angeli, salió a reclamarle a los diputados y senadores nacionales por Río Negro y Neuquén que voten «retención cero» en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Los seguidores de Carrascós han logrado la adhesión de algunas cámaras que se oponen a la Federación de Productores, pero que no están en contra a la implementación de las retenciones sino que las supedita a que esos fondos -10% de las exportaciones de frutas frescas- vuelvan al sector para financiar campañas de promoción en nuevos mercados e incorporación de tecnología para mejorar los cultivos.
En paralelo, la Cámara de Fruticultores Integrados (CAFI) de Río Negro y Neuquén, que nuclea a grandes «chacareros» que intervienen en toda la cadena -producción, empaque y comercialización- y a los grupos de exportadores, en su mayoría extranjeros, también hizo pública -contraviniendo una línea política de la corporación- su rechazo a «la implantación de retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios, cuando éstas se convierten en confiscatorias o discriminatorias». Al igual que los productores de Carrascós, pidió que las retenciones se traten en el Congreso e instó a los legisladores locales a que se olviden de pertenencias partidarias para asumir la defensa de sus lugares de origen.

 Grietas

El desafío no es menor para los diputados nacionales de las dos provincias ya que, en ambas jurisdicciones, el mapa político estaba teñido -hasta esta disputa con el campo- de marcado kirchnerismo. En Río Negro no sólo está el PJ K que orienta el senador Miguel Pichetto sino la UCR K del gobernador Miguel Saiz. Los dos se reportan, casi sin fisuras, a Cristina y Néstor Kirchner, aunque la crisis ha mostrado grietas en algunas lealtades. Del primero tomó rápida distancia el intendente de General Roca, Carlos Soria, que aspira a conducir el partido y a candidatearse a la gobernación en 2011.
Y así como Soria mantiene sus viejas lealtades con Eduardo Duhalde, alejándose de los moradores de Olivos, quienes no le perdonan sus travesuras al frente de la SIDE duhaldista, Saiz debe contener los atajos de Pablo Verani, ex gobernador que aún controla el aparato partidario y actual senador que no oculta su disgusto con la forma de hacer política del matrimonio presidencial. El veterano caudillo radical deshoja la margarita de seguir acompañando al mandatario en su cruzada K o retornar al tronco de un partido que basa su mayor caudal político en el voto chacarero.
Por eso, ayer, el gobernador apoyó el rol institucional del Congreso para debatir las retenciones pero criticó la aparatosidad de la Comisión de Agricultura. Lo hizo luego de reunirse con la Federación de Productores Frutícolas y con la Sociedad Rural de Río Negro, a quienes conformó con una salida intermedia: apurar la puesta en marcha del Plan Frutícola Integral que vienen reclamando los productores -aspira a consensuar con su par de Neuquén, Jorge Sapag y el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza- y a conseguir subsidios por emergencias climáticas.
Pero la presión de los fruticultores, pese a que no tiene la incidencia de Río Negro, tampoco es fácil para el neuquino. Por un lado, Sapag comienza a comprobar que su política de «federalismo de coordinación» parece reportarle grandes beneficios, como el reciente anuncio de construir una nueva central hidroeléctrica de más de u$s 1.000 millones. Por el otro, debe contener a los díscolos que aún abrevan en los pliegues del sobichismo, quienes nada quieren saber de negociar con el kirchnerismo. En esa línea pro campo y anti-K se anotaron los diputados nacionales José Brillo, Hugo Acuña y Alicia Comelli, lo que obligó al gobernador a declarar la «libertad de pensamiento» para los legisladores del MPN gobernante.