Promoción: respaldo nacional a provincias

Se trata de un tema que obsesiona a los gobiernos de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja que temen un fallo de la Corte favorable al dictamen del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, quien pidió hace un mes que se declaren inconstitucionales los decretos 804/96, 1.125/96 y 69/97, firmados por el entonces presidente Carlos Menem habilitando la aplicación de la promoción en las cuatro provincias.«Si queremos un país federal, tenemos que hacerlo un país federal y en ese contexto no corresponde ir a pelearles a los vecinos las cosas que ellos han obtenido, sino que el tema es al revés y tenemos que imaginar cómo hacemos para ayudar a las otras provincias para que también tengan beneficios y mercado para colocar sus productos», declaró ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández, desde San Juan, donde viajó para apoyar la candidatura a gobernador del senador nacional justicialista José Luis Gioja, y reunirse con el gobernador bloquista Wbaldino Acosta.
Fernández aludió así, en forma implícita, a las denuncias formuladas por Mendoza sobre los alcances del régimen de promoción industrial que sólo beneficia a las cuatro provincias del Acta de Reparación Histórica.
Sin embargo, los mendocinos señalan que «el reclamo provincial es sólo hacia la Nación y no entendemos por qué las promocionadas plantean esto como si fuera un debate contra nosotros», en palabras del ministro de Gobierno, Juan Carlos Jaliff, que igualmente reconoció a este diario que «hace falta un régimen de promoción industrial a nivel nacional».
Mendoza es la tercera en discordia porque tiene un reclamo judicial desde 1997 contra el Estado nacional, al cual pide un resarcimiento de hasta $ 600 millones por el perjuicio ocasionado por la promoción industrial en provincias vecinas.
Junto a Mendoza también está en el reclamo Misiones -que no tiene estipulada aún una suma de resarcimiento- y existen especulaciones de que, en caso que los mendocinos ganen su juicio, podrían accionar contra la Nación el resto de las provincias, siempre y cuando no se determine una prescripción en el tiempo para realizar el pedido (se evalúa si ésta debe ser de 2 o 10 años). Aun así, es muy probable que Mendoza acuerde extrajudicialmente con Nación. No preocupa a las promocionadas que Mendoza cobre su reclamo, sino que la Corte haga lugar al dictamen de Becerra, al cual ya se encargaron de descalificar y pedir el juicio político, atribuyéndole que por ser mendocino responde a intereses de esa provincia.