El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y el gobernador jujeño, Eduardo Fellner -quien preside la OFEMI-, durante el encuentro en la Casa de Jujuy.
Como estaba previsto y confirmado tras lograr el explícito aval de Cristina de Kirchner, sellaron ayer el Acuerdo Federal para el Desarrollo Minero las diez provincias que integran la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) en conjunto con autoridades del Ministerio de Infraestructura. Con el flamante marco, las provincias, propietarias de los recursos naturales, apuntan a tener mayor participación en la renta minera de la mano de la constitución de empresas públicas que operen en los yacimientos en conjunto con las grandes mineras extranjeras.
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En la reunión, que se realizó ayer al mediodía en la sede porteña de la Casa de Jujuy, no hubo espacio, sin embargo, para la postergada discusión en torno a la posibilidad de elevar el porcentaje de regalías (que es del 3%) que pagan las mineras a las provincias por las extracciones de minerales y metales. Y si bien un artículo del acuerdo se dedica a la problemática ambiental, no se plasmaron objetivos que apunten a profundizar los controles a fin de blindar los proyectos mineros frente a la latente amenaza de nuevos conflictos con ambientalistas.
Con menos celeridad que su hermana mayor, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), la OFEMI priorizó el respaldo político más allá de la acción concreta. Es que las necesidades son diferentes: la petrolera es una industria que si bien también es extractiva, tiene una mayor tradición como sector con valor agregado en el país y quizá por eso esté menos cuestionada. Mientras los distritos petroleros están empecinados en no perder su capacidad productiva con más espalda para poner condiciones, los mineros necesitan desarrollarse y posicionarse a nivel regional. La inclusión en el acuerdo de la creación de un fondo para el desarrollo de infraestructura está en línea con ese fin.
Para los mandatarios, en tanto, lo más trascendente del acto para la firma del acuerdo es el amparo logrado de parte del Gobierno nacional. A pesar de su ausencia ayer, la Presidente los recibió en la Rosada el lunes a la noche. Es que la cuestión ambiental -a la que todavía se le debe un serio debate- precisa avales por el altísimo costo político que se pone en juego.
En el artículo 4 del acuerdo se marcó como objetivo «establecer mecanismos de interacción entre las autoridades provinciales competentes en materia mineroambiental con las secretarías de Medio Ambiente y Minería de la Nación» a fin de coordinar acciones para preservar el cuidado del hábitat «conforme al cumplimiento estricto de la normativa vigente». Además de los gobernadores de ocho de las diez provincias -los de Chubut y Río Negro enviaron representantes-, firmó el acta el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Pero faltó el sello de su par de la cartera de Medio Ambiente, Juan José Mussi.
También firmaron el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, y el titular de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), Martín Dedeu. Otro sello que quedó para otro momento es el de los dirigentes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).
«Son los mecanismos que hemos acordado por ahora», se excusó el gobernador de Jujuy y presidente de la OFEMI, Eduardo Fellner, ante la evidencia de los asuntos pendientes.
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