Tras el planteo del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, en torno a no abonar el sueldo a los trabajadores que decidan no vacunarse, desde las entidades industriales de distintas provincias salieron a mostrar señales de coincidencia pero hicieron hincapié en el gris legal que envuelve a la discusión.
Industriales de provincias piden resolver "gris" ante no vacunados
Los dichos de Daniel Funes de Rioja concitaron coincidencias, pero además advertencias sobre el "limbo" legal.
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En una rueda de prensa desplegada luego de la reunión del martes de la junta directiva de la UIA, Funes de Rioja aseguró que, frente al avance de la vacunación contra el coronavirus, “aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse”.
“En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias; en esos casos, debe cesar la dispensa y la remuneración”, remarcó.
En sintonía, el titular de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, advirtió que “los que deciden no vacunarse ponen en riesgo la salud de la población de la empresa” y consideró que no deberían cobrar si no van a trabajar, en la medida que la ley lo permita.
“Estamos buscando los argumentos legales; puede estar planteado que una persona cobra por lo que hace, y si decide no hacerlo no debería cobrar”, señaló ante Cadena 3.
Desde Cuyo, en tanto, el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Hugo Goransky, pidió “revisar el decreto presidencial”.
“Hay que poner el ojo en aquellas herramientas que le permiten a mucha gente mantener una dispensa de trabajo, que no pueden hacer actividades vía teletrabajo porque están en líneas de producción y que no se quieren vacunar; no me parece justo”, dijo, pero aclaró que en San Juan no se trata de un problema de magnitud.
Goransky además abordó el tema desde otro costado. “Hay una mayor valorización para el trabajador vacunado: al empleador le permite que ese trabajador genere un ámbito laboral más protegido y los clientes pueden estar más tranquilos”, enfatizó.
Por su parte, el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, Leandro Garciandía, consideró que la cuestión -que ya se discute en el seno de la entidad local- abre “un gris muy grande” y de “muy difícil resolución”, a partir del hecho de que la vacuna contra el coronavirus no forma parte del calendario obligatorio de vacunación. “Si lo fuera esta discusión se termina, ya que no contar con el calendario completo incumple con los protocolos de las empresas y puede ser causal de despido”, sostuvo.
Asimismo, el titular de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda, aclaró que en su distrito los trabajadores que optaron por no vacunarse son “excepciones muy puntuales”. "No creemos que sea un problema grave”, dijo a Uno, además de destacar que “hoy por hoy no hay ningún reglamento legal que exija eso” y que “por ahora” no ven “la necesidad de que haya algo al respecto”.
Desde Mendoza, en tanto, el titular de la Unión Industrial local, Mauricio Badaloni, afirmó que, “teniendo en cuenta el porcentaje de los trabajadores que no se quieren vacunar (un 7% u 8%), esto seguro terminará en una mesa tripartita entre el Estado, los sindicatos y el gremio empresarial”.
En esa línea, pidió resolver este “híbrido” para que “no quede en un limbo”. “El Estado tiene que definir qué va a pasar con ese personal, sobre todo si se avanza con la propuesta de una jubilación anticipada, porque eso requiere de reformas legales”, agregó, ante Radio U.
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