Presencialidad: amparos y quejas de gremios tensan clases en provincias

Ambito Nacional

En PBA, JxC sumó dos reveses en embestida contra suspensión de dictados y Justicia abrió juego a la Corte bonaerense. Coalición, a tribunales en Catamarca. Más sindicatos agitan medidas de fuerza.

A la sombra del revuelto escenario educativo de CABA, el desafío de transitar el ciclo lectivo 2021 en medio de la segunda ola quedó sometido a nuevas tensiones encontradas que cruzan a la comunidad educativa, de la mano de presentaciones judiciales de padres y de dirigentes de Juntos por el Cambio para exigir un retorno a las clases presenciales en provincias o distritos donde fueron suspendidas, y de reclamos de gremios locales en pos del regreso al 100% de la virtualidad, al menos focalizado, en enclaves donde los gobernadores mantienen -por el momento- la asistencia a las escuelas.

Hace una semana Alberto Fernández sacudió el tablero al anunciar el congelamiento de la presencialidad por dos semanas en el AMBA e invitar a los mandatarios a adherir a esa medida, entre otras restricciones para reducir la circulación y bajar los contagios.

Corrió sin embargo agua bajo el puente desde aquella sorpresiva noche. Axel Kicillof respetó el mandato y desde el lunes 35 municipios del Conurbano pasaron a la enseñanza remota, mientras que el próximo lunes se sumarán Castelli, General Villegas y Zárate, por decisión de sus intendentes ante el colapso de las camas críticas.

En CABA, en cambio, Horacio Rodríguez Larreta entró en modo resistencia con una acción de amparo ante la Corte nacional en pos de la inconstitucionalidad del DNU presidencial y espera el fallo “en los próximos días”. Hasta ayer tenía de todas formas a los alumnos en las aulas gracias a una resolución de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña que ordenó el domingo la continuidad de la presencialidad educativa. Pero anoche, en un nuevo giro, la Justicia Federal dejó sin efecto esa cautelar y pateó la definición a la Corte.

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Entre los gobernadores, en tanto, Fernández cosechó pocos socios: la mayoría optó por sostener la presencialidad, a partir de relevamientos oficiales que muestran un nivel de contagios en las escuelas por debajo del 1% -por el cumplimiento de protocolos- y de la lectura de que no transitan aún un escenario epidemiológico tan serio como el del AMBA.

Sólo anunciaron una suspensión de las clases presenciales, por dos semanas, los peronistas Raúl Jalil (Catamarca, aunque podría reactivarlas antes), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa, donde en rigor ya eran 100% virtuales en la capital y en Clorinda). En Chaco, en tanto, el justicialista Jorge Capitanich adoptó un formato intermedio, con asistencia sólo de grupos educativos “priorizados” en 23 localidades, incluida Resistencia. Y en Santa Cruz ya desde el inicio del ciclo lectivo no hay presencialidad en las principales localidades bajo el argumento de la circulación viral comunitaria.

Trazado ese mapa, nuevas tensiones no tardaron en estallar en distintas provincias, a la sombra de la judicialización extrema instalada en CABA, con recursos de amparo -pro clases presenciales- sin éxito hasta el momento, y crecientes reclamos de gremios locales a los gobernadores para retornar a la virtualidad.

En tierra bonaerense, intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares de distintos distritos de Juntos por el Cambio y grupos de padres desembarcaron en la Justicia para cuestionar la suspensión de la presencialidad.

En las últimas horas se conocieron dos reveses para la coalición. Uno fue para el intendente de Vicente López y titular del PRO provincial, Jorge Macri, que apelará: la Justicia en lo Civil y Comercial de San Isidro se declaró incompetente ayer para entender en la acción de amparo que presentó y sostuvo que debe intervenir la Suprema Corte bonaerense. “Los conflictos que se susciten entre una Municipalidad y el Gobierno de la Provincia son ajenos al conocimiento de los jueces ordinarios”, argumentó la jueza Estela Robles.

El segundo traspié fue para un amparo presentado por los diputados provinciales Daniel Lipovetzky, Diego Rovella y Emiliano Balbín: la titular del Juzgado de Familia 6 de La Plata, María del Rosario Rocca, sostuvo que “lo dispuesto a nivel local ha de ser en directa aplicación de las directrices emanadas del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021, que por su naturaleza de norma nacional, escapa a la competencia de la justicia provincial”. Tampoco prosperaron presentaciones del colegio Esseri de la capital provincial ante el Juzgado de Familia N° 3 y el Tribunal del Trabajo N° 5.

En Catamarca, en tanto, desde Juntos por el Cambio presentaron una acción de amparo el lunes ante la Justicia provincial en reclamo de volver a la presencialidad. La iniciativa fue motorizada por el presidente del PRO, Enrique Cesarini: el concejal radical Javier Espinosa y el dirigente de la CC- ARI, Mariano Manzi.

En Formosa, por su parte, la presentación judicial -con patrocinio de la UCR- de un grupo enrolado en Padres Organizados y en pos del retorno a la presencialidad fue incluso previa al DNU de Fernández. La Justicia Federal se declaró incompetente y fue apelado.

En el plano gremial, sindicatos locales de distintas provincias alzaron la voz en los últimos días en sentido contrario, para exigir a los gobernadores suspensiones al menos focalizadas de las clases presenciales frente a la empinada escalada en la curva de contagios.

Algunos pasaron a la acción (más allá del escenario porteño), como el mendocino Sute, que fue al paro el lunes para reclamar un congelamiento de la presencialidad al radical Rodolfo Suarez. Y analiza seguir ese camino el fueguino Sutef para amplificar esa exigencia a Gustavo Melella. Mientras tanto, se multiplican los pedidos de retornar al 100% de la virtualidad frente al deterioro epidemiológico, por caso, desde el tucumano Frente Gremial Docente, la cordobesa Uepc, el chaqueño Frente Gremial, la entrerriana Agmer y el correntino Suteco.

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