Puja en la Legislatura dilata dos leyes clave

Buenos Aires - Daniel Scioli comenzó a sufrir en carne propia los «procedimientos» políticos bonaerenses y ayer padeció una trabada negociación legislativa que terminó postergando el tratamiento de dos proyectos de ley clave con los que aspira contar cuando asuma el 10 de diciembre.
El conflicto fue en Diputados, cámara donde ayer se «cayó» la sesión. Temprano habían ingresado las propuestas de ley de administración financiera y creación de la Administración Provincial de Ingresos Públicos (APIP), aunque lo hicieron bajo la firma de 17 legisladores del Frente para la Victoria (FpV) y no del gobernador Felipe Solá, con quien Scioli está protagonizando un proceso de transición teñido de polémicas y cruces de acusaciones (ver aparte).
En rigor, el tropezón que sufrieron ayer los proyectos que auspicia Scioli no escapa al escenario del conflictivo cambio de gobierno: más allá de objeciones y correcciones puntuales que fueron pedidas y aplicadas sobre los borradores de las leyes, un factor que colaboró para que los diputados no se sentarán en sus bancas es la puja que existe por la elección de las futuras autoridades de la Cámara baja.
Desde el felipismo patrocinan la continuidad de Ismael Passaglia (FpV) como presidente de la Cámara de Diputados, mientras otro sector del justicialismo -que se vincula con José María Díaz Bancalari, Aníbal y Alberto Fernández- propone al actual vice, Julián Domínguez (PJ), ex ministro de Obras Públicas de Carlos Ruckauf. En esta pelea, Scioli queda descolocado, ya que juega sus fichas al electo diputado Martín Ferré.
Esta discusión desencajó una jornada en la cual el sciolismo apostó a conseguir la sanción en Diputados para los dos proyectos que fomenta, para luego avanzar hoy con la aprobación definitiva en el Senado. La jornada fue tensa para el FpV y, ante la falta de consenso, el grupo de 17 diputados decidió ingresar los textos. En paralelo, 11 de este mismo grupo de legisladores solicitaron a la presidencia de Diputados que convoque a sesión especial.
Más allá de esta última opción, el problema que afecta a Scioli es reunir un mínimo de 47 diputados y, luego, dos tercios de los presentes para aprobar los proyectos. En esta misión se encauzó el FpV ayer, pero no logró reunir el consenso necesario y la sesión nunca se llevó a cabo.
El recurso de la sesión especial da un plazo de 10 días para reunirse a tratar los proyectos en cuestión. Aun así, el próximo lunes comienza el período de extraordinarias y el responsable de convocar es el Poder Ejecutivo, a cargo del cada vez más endurecido Solá.
La situación complica el ya turbio escenario bonaerense, ya que los diputados no dan quórum y tal vez no lo hagan hasta que no se definan los nombres de las autoridades de la Cámara, pese a que, contradictoriamente, en forma oficial manifiestan un «total apoyo» a la gestión electa.
En plan de organizar la logística legislativa, en el entorno de Scioli aún creen que pueden juntar las voluntades suficientes y hasta cumplir su objetivo hoy, jornada para la cual está convocada sesión en el Senado. Lograr sanción implicaría un furioso raid en ambas cámaras en pocas horas. El FpV convocó a reunión de bloque para la tarde.
Por cuestiones de índole más técnica, las leyes que aspira a aprobar Scioli ya habían sufrido contratiempos, los cuales parecen haber sido superados. En lo que respecta a la creación de la APIP, para tranquilizar a los gremios, se puntualizó que los empleados que trabajen en el organismo que dirigirá el recaudador Santiago Montoya seguirán bajo el amparo de negociaciones paritarias, cobijados por la Ley 10.430. También se estableció que la tercerización del cobro de impuestos no podrá recaer en el sector privado, sino únicamente en organismos públicos.
Sobre la Ley de Administración Financiera se corrigieron aspectos de concordancia con la Ley de Responsabilidad Fiscal, aunque el texto incomoda a algunos sectores por la concentración de los pagos en una sola mano -la del jefe de Gabinete, Alberto Pérez- y por los «superpoderes» que otorga en su artículo 37, brindando al Ejecutivo facultades para realizar «reestructuraciones presupuestarias».
Dos semanas atrás, en tiempos de mejor fortuna política, Scioli había conseguido la aprobación de la reforma de la estructura de ministerios para rearmar el gabinete a gusto.