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La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo sostuvo que el decreto, por el cual el Poder Ejecutivo rescindió el contrato de subconcesión a la compañía 15 días atrás, goza -en principio- de legitimidad. El revés judicial no impide que el tren siga circulando, porque el tribunal aún no se expidió sobre el fondo de la cuestión.