9 de noviembre 2004 - 00:00
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La expectativa de los patagónicos, en forma preliminar, está puesta en formular una posición común que beneficie -o al menos no perjudique- a la región en el reparto, por lo cual comenzarán a trabajar en forma conjunta los equipos técnicos de todos los gobiernos.
Avanzada
Cabe recordar que la semana pasada fue el jujeño Eduardo Fellner el que sacó a relucir el tema de la coparticipación en la propia Casa Rosada, durante la firma del crédito por u$s 900 millones para obras en el Norte Grande, que contará con aportes del BID. Ese día, Fellner recordó la necesidad que tienen los distritos chicos de institucionalizar «un reparto más justo» y cargó contra las «provincias grandes», principalmente en alusión a Buenos Aires, por haber frenado la discusión.
Claro está que la posición más dura es la del neuquino Sobisch -un presidenciable 2007-, quien no pierde oportunidad de enrostrar a Kirchner el «cajoneo» de la nueva Ley de Coparticipación y asegurar que es una prioridad que no puede reemplazarse por la ley fiscal.
Al decir del mandatario, actualmente se da un «reparto injusto» de fondos entre Nación y provincias, a la vez que reclama a sus pares hacer un pedido conjunto para reactivar la discusión.
El debate por una nueva Ley de Coparticipación fue uno de los ejes centrales de la relación Nación-provincias durante el primer trimestre e, incluso, fue uno de los puntos incluidos en la carta de intención firmada entonces con el FMI. Diferentes fuerzas políticas llegaron a presentar sus proyectos y el Poder Ejecutivo nacional redactó un borrador de ley. Pero terminó pesando el conflicto político y la presión de las provincias grandes -que pretendían un aumento del porcentaje a percibir-, y el tema fue postergado.
En este panorama, como una suerte de parche para conformar al FMI, en agosto Nación aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que impone límites al gasto y el endeudamiento provincial. Aun así, se trata de una herramienta de corte prescriptivo, a la cual las provincias deben adherir para poder acceder a una renegociación de su deuda con Nación.




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