El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció este lunes el envío a la Legislatura de un proyecto para modificar la ley de Tierras Fiscales y advirtió: "La tierra de la provincia del Neuquén será para los argentinos".
3 de agosto 2026 - 17:47
Rolando Figueroa se desmarca del Gobierno con un proyecto propio: "La tierra de Neuquén será para los argentinos"
El gobernador presentó una iniciativa propia ante la Legislatura para modificar la ley de Tierras fiscales local, en la antesala del debate en el Senado de la Nación. "Queremos que la tierra sea prioritariamente para neuquinos y argentinos con arraigo en la provincia", dijo.
-
Crecen las presiones por la ley de Tierras: un sector de la UCR se opone y busca convencer a los senadores
-
Una senadora aliada anticipó que votará en contra de la modificación a la ley de Tierras y complica al Gobierno
Rolando Figueroa impulsa su propia reforma de la ley de Tierras.
Figueroa dio a conocer la iniciativa en la antesala de que el Senado debata el jueves el texto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada enviado por Javier Milei, cuyo capítulo para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros genera polémica.
"Queremos que la tierra sea prioritariamente para neuquinos y argentinos con arraigo y vinculación efectiva con nuestra provincia, para impulsar nuestra producción, turismo, empleo y desarrollo sostenible", aseguró el mandatario patagónico al anunciar el proyecto.
Asimismo, afirmó que la tierra de la provincia del Neuquén "tiene que estar al servicio de los neuquinos, de nuestro desarrollo y de las próximas generaciones".
Actualmente, el cacique cuenta con una sola senadora en el Congreso. Se trata de Julieta Corroza, quien suele votar en sintonía con la Casa Rosada.
La ley de Tierras de Neuquén
El objetivo de la reforma neuquina es propiciar la asignación de tierras fiscales a personas que tengan vinculación efectiva con la provincia, cumplan condiciones verificables y respeten objetivos de producción sostenible, según establecen la fundamentación.
La reforma recae sobre el artículo 1° de la ley 263, en el que se explicita que el Poder Ejecutivo promoverá el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal, mediante su arrendamiento y enajenación en forma progresiva y orgánica a favor de los auténticos trabajadores del campo.
Declárase norma fundamental para la interpretación y aplicación de la ley, el concepto de que la tierra no debe constituir un bien de renta sino un instrumento de trabajo.
El eje es la protección del campesinado y la reactivación de la tierra fiscal a través del incentivo a proyectos productivos vinculados a las actividades ganaderas, agrícolas, forestales, turísticas, industriales o de agregado de valor, que promuevan el arraigo, la generación de empleo, el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales de dominio provincial.
Sólo podrán adjudicarse tierras fiscales en venta o en arrendamiento a personas humanas o jurídicas argentinas.
Las modificaciones impulsadas consisten en la fijación de condiciones para la adjudicación y el arrendamiento de tierras fiscales en todo el territorio provincial, con el objetivo de proteger el interés público provincial, fortalecer el uso productivo y estratégico de las tierras, garantizar la planificación territorial y resguardar la soberanía territorial efectiva.
"Las tierras fiscales, por su destino y relevancia social y económica, constituyen un activo del patrimonio provincial destinado a políticas de desarrollo productivo de la agricultura, ganadería, forestación, energías renovables, turismo, industria, ordenamiento territorial y ambiental, generación de empleo y prevención de la concentración indebida”, sostiene el gobernador en los fundamentos.
Más adelante agrega que la modificación que tiene por fin preservar el interés provincial respecto de un recurso estratégico, a través del ejercicio por parte de la provincia de la jurisdicción plena sobre su territorio, sus competencias no delegadas de conformidad con el Artículo 121 de la Constitución Nacional y el dominio originario de sus recursos naturales existentes en su territorio en virtud de lo dispuesto por el Artículo 124 de la Carta Magna.
