Temen provincias escalada de violencia piquetera

El clima comenzó a enrarecerse en los últimos días con un recalentamiento de las acciones piqueteras en diferentes puntos del territorio. Incluyeron por caso una gira del activista Raúl Castells, quien en Corrientes cosechó fondos para su Movimiento de Jubilados y Pensionados con el solo gesto de amagar con generar violencia.  Escenario
La escalada se teme en distritos grandes y chicos. Veamos:
c El miércoles pasado Castells desembarcó en Corrientes y logró ser recibido en la Casa de Gobierno que conduce el gobernador radical Ricardo Colombi, incluso con mucho más facilidad que los piqueteros locales. Lo escucharon el secretario de Gobierno, Sergio De Simone, y el secretario de Desarrollo Humano, Salvador González Nadal, ambos con rango ministerial.
En pocos minutos Castells logró dos de sus objetivos:
- El gobierno local destrabó fondos nacionales consignados al movimiento de Castells para construir 72 viviendas en 5 localidades para sus militantes. El grueso de esas viviendas se construirán en la localidad de Saladas, pueblo natal de la esposa de Castells.
- También logró el activista 5.000 kilogramos mensuales de alimento para el movimiento. En tanto, la agrupación local más fuerte, Barrios de Pie había cortado el puente donde se unen Corrientes con Resistencia, pero Castells no los visitó.
En cambio, se jactó en la esquina de la Casa de Gobierno, ante unos 100 seguidores: «Vayan a tomarse un vino tranquilos a sus casas porque hoy le ganamos al gobierno de Colombi», arengó.
Lo más significativo, sin embargo, es que se mostró junto al líder chaqueño del Movimiento 17 de Julio, Emerenciano Sena, este sí fuerte protagonista de los cortes y acciones que se llevan a cabo en los pagos del gobernador del Chaco, Roy Nikisch.
c En Córdoba hubo el viernes una marcha de los piqueteros del sector de Luis D’lía, cuya ruta incluyó todo el centro de la capital provincial, hasta la sede de la Policía Federal. CTA, FTV, ATE y CCC fueron algunas de las agrupaciones que reunieron unas 2.000 personas y, sin la presencia de D’lía, lanzaron cuestionamientos contra el gobernador José Manuel de la Sota, quien había asegurado que observaba señales de autoritarismo en el movimiento piquetero.
En tanto, en los próximos días se espera la llegada a la provincia del propio Castells. Esta visita motivó que todas las luces de alarma se prendan en la Casa de Gobierno ante la posibilidad de que el armado piquetero comience a bajar al interior como una manera de ir consolidando una peligrosa tendencia a extender la mancha anárquica que por el momento afecta sólo a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
c En tanto, los activistas parecen estar precalentando fuerzas en Salta, donde meses atrás llegaron a quemar instalaciones de dos petroleras.
Luego de semanas de relativa tranquilidad, una veintena de personas cortó días atrás la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad salteña de General Mosconi, en reclamo de 150 puestos de trabajo por parte de la empresa petrolera Refinor, propietaria del complejo de Campo Durán. En tanto, el corte realizado por otro grupo en la Ruta Nacional 54 en Campo Durán con este mismo reclamo fue levantado más prontamente.
 Inicios
En su preocupación, en los distritos del interior recuerdan que el accionar piquetero comenzó en las provincias en la década pasada, para luego derramarse sobre Buenos Aires. Ahora les preocupa que este tipo de movimientos vuelva robustecido.
De hecho, en Neuquén, el gobernador Jorge Sobisch se jactó de que siendo el distrito donde se originó el fenómeno piquetero hoy en día ya no hay más acciones de ese tipo.
Días atrás, el mandatario recordó que mientras el fenómeno de los piquetes nació en la localidad neuquina de Cutral Có, hoy no son parte de la realidad provincial gracias a la generación de empleo en la provincia.
En paralelo, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados que Castells prepara su calendario de protestas para los próximos días.
Por de pronto, ya anunció que concretará en Buenos Aires una movilización mañana en rechazo a la «judicialización de la pobreza y de la represión en las protestas por el hambre, la desocupación y la inseguridad». Desde un comunicado, arengó porque el gobierno nacional «no judicialice la protesta social por trabajo y dignidad».