Trabas para ley fiscal: no adherirán Salta ni Neuquén

Ambas provincias objetan el avance de la Ley de Responsabilidad Fiscal cuando aún no se ha creado una nueva ley de Coparticipación Federal. Además apuntan a la letra fina de la ley, marcando diferencias con puntos como, por caso, la falta de exigencias para con Nación; la no inclusión de sanciones a funcionarios responsables de incumplimientos; la ambigüedad sobre qué tipo de endeudamiento será permitido, o el modo en que será conducido el Comité Ejecutivo que se encargará de hacer regir la ley.En el caso de Salta, el gobernador, Juan Carlos Romero, envió ayer una carta al ministro de Economía, Roberto Lavagna, fundamentando la negativa y puntualizando severas críticas.
Neuquén, en tanto, hizo pública una misma postura a través de su subsecretaria de Hacienda, Susana Arévalo, y su subsecretario de Finanzas Públicas, Marcelo Raimondo, funcionarios de Jorge Sobisch, presidenciable 2007 y fuerte opositor a la gestión de Kirchner.
Las trabas que interponen estas provincias podrían ser imitadas por otros distritos, que si bien por el momento aseguran no haber fijado posición, no encuentran aún suficientes incentivos para sumarse.
En este contexto se realizará mañana, en el Palacio de Hacienda nacional, el primer encuentro entre autoridades nacionales y representantes de todas las provincias para intentar comenzar a delinear la reglamentación de la ley fiscal. Hoy por hoy, muchos dudan de que este instrumento pueda comenzar a regir el 1 de enero de 2005, como estaba previsto tras su aprobación en el Congreso Nacional, en agosto.
Por el momento la única carta a favor que sostiene Nación es que sin adhesión, las provincias no podrán acceder a una renegociación de deuda pública, ni a ningún tipo de financiamiento. La presión funciona con distritos comprometidos -Buenos Aires por caso ya anticipó su adhesión-, pero no en casos como Neuquén y Salta -a los que se puede sumar San Luis o La Pampa-, que no requieren de este tipo de ayuda federal.
A estas últimas, Roberto Lavagna debería ofrecer algún incentivo extra, a través de acuerdos bilaterales; siempre y cuando siga vigente la necesidad de incluir a todos los distritos en la ley fiscal, tal como estaba estipulado con el FMI. La confianza de Nación estaría depositada en que la tercera revisión que el FMI hará este año sobre la Argentina, en diciembre, excluya la obligación de contener a todos los gobiernos, máxime si los mismos tienen economías ordenadas y en el contexto de un fuerte superávit a nivel federal.
 Planteos
Por lo pronto, las críticas de los funcionarios neuquinos apuntan a que antes de discutir la ley fiscal, «lo que le hace falta al país es una nueva ley de coparticipación federal» y, en tono más fuerte, que se trata de una norma «desequilibrada», porque «establece requisitos sólo para las provincias y nada para Nación». Por su parte, Arévalo disparó contra los llamados «superpoderes» que ostentaría el jefe de Gabinete, Alberto Fernández: «Nación sería así la primera en no cumplir la norma que (en uno de sus artículos) dice que no se podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes, en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras».
A su vez, el salteño Romero, en la carta enviada ayer a Buenos Aires, aclara que su provincia -vía Constitución y ley- ya posee controles para el gasto y endeudamiento, e hizo varias consideraciones acerca de carencias que observa en la Ley Fiscal creada por Nación: «Considero fundamental imponer sanciones no sólo a las provincias, sino también a los funcionarios responsables, ya que los castigos impuestos por esta ley son relativamente laxos y poco creíbles».
« Los límites de endeudamiento deben ser estrictos y claros para Nación y provincias», aseguró Romero.
Asimismo, Romero reclama, entre otros puntos:
c Mayor especificidad «en cuanto a qué tipo de deudas podrían ser incluidas dentro de los programas de financiamiento, dado que los mismos no deberían atender gastos corrientes o de capital adeudado.
c No admitir la utilización de presupuestos prorrogados.
c Poner fecha a la creación de un fondo anticíclico, elemento que «debe ser constituido en el actual ciclo expansivo de la economía».
c Respecto del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que la composición de sus representantes debería recaer «en provincias que se destaquen por su ordenamiento fiscal y financiero dentro de cada región, y no en función de la envergadura de la masa de recursos coparticipables, puesto que coincidentemente representan la mayor proporción del déficit fiscal y del endeudamiento».