Tras el paro, los estatales agitan nuevos reclamos

Escribe Florencia Arbeleche

Si hubo algo que los gobernadores no pudieron disimular en estos 20 días de paro del campo fue el gesto de preocupación por el creciente clima de tensión social que germinó en la mayoría de las provincias. Pero esa sensación esconde, además, en verdad, el temor a que ese ambiente de agitación aliente el estallido de la frágil estabilidad sindical merced a la nueva escalada de reclamos salariales que vuelve a acechar a los mandatarios.
Es la amenaza que los desvela. Porque, pese a los esfuerzos, el incremento del gasto público ha sido inevitable en un contexto de continuos aumentos de sueldos originados, principalmente, en acuerdos entre la CGT de Hugo Moyano y el gobierno de los Kirchner.
La asfixia había comenzado en febrero del año pasado con la suba a los docentes lanzada por el entonces ministro de Educación y candidato porteño, Daniel Filmus, sin consultar a los estados provinciales. Y se coronó hacia fin de año con los diversos anuncios ligados a la bonanza pre y poselectoral.
Como saldo, las provincias vuelven -en parte- a ser víctimas de sus propios errores. Es decir que, pese al pregoneo de la autonomía, terminan -apremiadas- en las puertas de Balcarce 50 jurando fidelidad política para cosechar auxilios financieros a un Estado que las oprime financieramente al manejar discrecionalmente las transferencias de fondos y al negarles sistemáticamente una nueva discusión de la Ley de Coparticipación. Parches vitales para evitar la sangría de los recursos cada vez más flacos.
Por eso, ha sido tan incómoda la situación de muchos de ellos en este tironeo de tranqueras hacia adentro y hacia afuera. Porque, pese a manifestar públicamente su respaldo a las medidas, en voz baja han hablado hasta cansarse de lo inconveniente que resulta el hecho de que tanto el impuesto al cheque como los ingresos por retenciones no se coparticipen a las provincias.
El pataleo -silencioso, pero ronroneante- tiene su razón de ser: sólo por retenciones agropecuarias, el conjunto de las provincias aportará este año al bolsillo del Tesoro nacional más de $ 32 mil millones. Sin contar cifras idénticas y hasta superiores en concepto de retenciones a la minería, que tampoco se incluyen en el paquete de distribución por coparticipación.
Ninguno de los gobernadores desconoce las cifras, pero saben que deben moverse con amplia cintura política en una discusión compleja. Sólo aquellos férreos opositores como el sanluiseño Alberto Rodríguez Saá o el menos definido de Córdoba, Juan Schiaretti (ausente en Parque Norte y en el acto de Plaza de Mayo), salieron al cruce del gobierno por la necesidad de discutir la porción de recursos coparticipables.