Tres gobiernos iniciaron causas contra activistas

Mientras, el gobierno nacional delegó pasivamente a la Justicia el control de los desbordes de los denominados «piqueteros duros», en otros distritos ya hay gobernadores que de puño y letra concretan una embestida judicial.Por caso, Alperovich acusó a Rodríguez de haber solicitado $ 100.000 para dirigentes estatales y $ 54.000 para piqueteros, a fin de evitar que se produjeran desmanes en la celebración del 9 de Julio.
En tanto, el dirigente sindical se puso a disposición de la Justicia y, al mismo tiempo, le envió a Alperovich una carta documento en la que le pidió que ratifique o rectifique las denuncias públicas realizadas en su contra, tras lo cual advirtió que, en caso de que el mandatario provincial no le responda el escrito, accionará judicialmente en su contra. El Ejecutivo hizo la presentación ante la fiscal de Instrucción, Adriana Reinoso de Cuello.
Por su parte, Rodríguez, quien es miembro de la mesa nacional de ATE y de la Central de Trabajadores del Estado, también se presentó ante Reinoso Cuello para ponerse a disposición.
 Avanzada
Rodríguez anticipó que pedirá «juicio político para Alperovich de manera que se le quiten los privilegios constitucionales para que pueda ser investigado por lo que dijo». Aseguró que los estatales no participaron de los incidentes en la plaza Independencia porque «habían acordado telefónicamente con el secretario de la presidencia Oscar Parrilli suspender la marcha».
En paralelo, ayer agrupaciones piqueteras de Tucumán -entre ellas las filiales locales de la CCC y del Polo Obrero- denunciaron que el gobierno tucumano desató «una campaña de provocación, buscando criminalizar las protestas».
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social de Chaco efectuó una denuncia policial y judicial por el bloqueo de los accesos del edificio, sede del organismo, en Resistencia. Según la denuncia, grupos identificados con el Polo Obrero impidieron el ingreso y egreso de agentes de la repartición, así como a quienes realizan trámites.
Agrega que un grupo irrumpió en forma violenta en las oficinas del titular del área, Julio Fantín, a quien increparon y amenazaron en forma personal, lo cual fue motivo de otra presentación ante la Justicia por parte del funcionario, y tomó intervención la fiscal Mercedes Riera. Fantín afirmó: «El gobierno no negocia bajo presión». Y además remarcó: «Bajo amenazas y por vía de la violencia, el insulto y la ofensa, es imposible continuar con el diálogo».
En tanto, en Neuquén, el propio gobernador J orge Sobisch pidió a la Justicia que actúe de oficio, luego de que un sector gremial -denunció- dejara sin agua a la emblemática localidad de Cutral Co, cuna de los cortes de ruta. «Dejar a una ciudad sin agua por un reclamo gremial me parece una verdadera locura. Los intolerantes están desbordados», castigó.