Corrupción: Cambiemos aceita sanción a privados y ley de extinción de dominio

Con el objeto de recuperar los bienes ligados a la corrupción, impulsan reforma del Código Procesal Penal. También aceleran proyecto para procesar a empresas involucradas en casos de evasión fiscal.

María Eugenia Vidal.

En medio del aliento de María Eugenia Vidal a una amplia reforma judicial, Cambiemos impulsa un proyecto de ley para la aplicación local de la extinción de dominio -con la mirada puesta en recuperar para el Estado bienes originados en delitos de corrupción y narcotráfico-, y otro para penalizar a empresas que cometan hechos de corrupción contra el Estado.

La primera iniciativa apunta a instaurar en la provincia una ley de extinción de dominio, vía una reforma del Código Procesal Penal y con la mirada puesta en el mecanismo de decomiso, con la Procuración General como actor central del manejo de esos bienes.

El foco apunta a recuperar para el Estado bienes ligados a la corrupción y el narcotráfico, en línea con el DNU de Mauricio Macri que implantó ese mecanismo, y que encuentra focos de resistencia en el Congreso.

La alquimia incluye negociaciones entre Cambiemos y el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa. “Se está trabajando en el proyecto pero no hay aún un proyecto unificado”, dijeron ayer desde despachos provinciales a este diario.

“La lucha contra las mafias en la provincia necesita de políticas que persigan los bienes producto del delito, y en eso estamos trabajando con la oposición para ver si podemos recuperar para el Estado los bienes que fueron mal habidos”, afirmó en las últimas horas el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, en el marco de un desembarco en Bogotá junto a legisladores de distintas fuerzas políticas para analizar la experiencia local en el rubro.

La avanzada se da pocos días después de la aprobación en Mendoza de su propio proyecto de extinción de dominio, impulsado por otro gobernador de Cambiemos, el radical Alfredo Cornejo. Se suma así a Santa Fe, la primera en contar con una ley en ese sentido.

En tanto, en pleno año electoral y en medio de los coletazos de la causa de los “cuadernos” sobre el sector empresario, la segunda de las iniciativas apunta a crear el Proceso de Juzgamiento para Personas Jurídicas Privadas (PJPPP), que pone en la mira además en la penalización de empresas involucradas en casos de evasión fiscal o el ocultamiento y falsificación de balances.

Incluye la posibilidad de sellar un “Acuerdo de Colaboración Eficaz”, por medio del cual la persona jurídica se obligue a cooperar a través de la revelación de información o datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes o el recupero del producto o las ganancias del delito”.

El proyecto -que será presentado hoy por el senador provincial Leandro Blanco (Cambiemos)- es en rigor un rebote de la sanción de la Ley Nacional 27401 de Responsabilidad Penal Empresaria, que rige desde marzo de 2018 y que incorporó “normas relativas a consagrar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en lo que hace a la comisión de determinados delitos contra la Administración Pública y el delito de cohecho transnacional”.

“Es necesario crear un procedimiento penal específico en el ámbito de la Provincia, dotándolo de herramientas destinadas a las autoridades del Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial a fin de darle virtualidad a la aplicación del Régimen de Responsabilidad Penal de Personas jurídicas privadas”, se argumenta en los fundamentos del proyecto de ley bonaerense.

Allí destacan que “la corrupción representa una amenaza seria para el estado de derecho” y que para “comenzar a revertir esta realidad resulta necesario que las personas jurídicas cooperen con las autoridades para una mayor eficacia en la aplicación de la ley penal”.

También remarcan que el proyecto “otorga a las personas jurídicas privadas todas y cada una de las garantías procesales del imputado, garantizando asimismo el debido proceso y defensa en juicio”.

“Conociendo la dificultad de índole procesal para el juzgamiento penal de la persona jurídica, es menester crear el Proceso de Juzgamiento para Personas Jurídicas Privadas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, de cara a comprobar judicialmente la eventual participación de la empresa en el hecho”, enfatizan.