El acuerdo con el FMI: la primera parada económica de 2021

Anuario 2020

La redefinición de un programa con el organismo que conduce Kristalina Georgieva es una instancia clave en la difícil salida que debe encarar el país. El interrogante son las condiciones que pondrán.

El primer problema económico serio e importante que deberá solucionar el Gobierno de Alberto Fernández en 2021 tiene nombre, apellido y plazo de resolución. Será cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmando un plan del tipo “Facilidades Extendidas” con contenido inédito para la historia del organismo y con obligaciones fiscales, cambiarias, monetarias y financieras únicas y duras para el país. Pero indispensables de cumplir si la Argentina quiere mantenerse en el mundo económico civilizado y no caer en una paria mundial. No es la decisión del Gobierno, con lo que el Ministerio de Economía de Martín Guzmán, el Banco Central de Miguel Pesce y el resto de los funcionarios comprometidos con la ejecución de la política será de responsabilidad de cerrar los puntos en los que aún hay distancia con lo que reclama el organismo para cerrar el contenido de la “Carta de Intención” que debería ser el insumo básico de un futuro “Facilidades Extendidas”.

Según los tiempos programados, en los primeros días de 2021 se retomarán las negociaciones entre Buenos Aires y Washington, en aquellos capítulos donde las distancias son importantes. El cronograma oficial indicaría que hacia mediados o fines de enero, el contenido de la “Carta” ya debería estar terminado de negociar, al menos en aquellos puntos donde las distancias se puedan cerrar sólo con discusiones económicas y financieras. Para los temas con resolución política habrá que esperar a fin de enero o comienzos de febrero. Luego, como mínimo, un mes después, en la segunda quincena de febrero o en marzo; el “board” del FMI estará en condiciones de votar (se supone a favor) el nuevo acuerdo. Si se cumple lo que se estuvo discutiendo vía Zoom desde la segunda quincena de noviembre entre Buenos Aires y Washington, el acuerdo tendrá las formalidades generales de un “Facilidades Extendidas”, pero con condimentos inéditos para la historia del organismo. Esto es, un período de gracia de cuatro años hasta empezar a pagar y con una tasa de interés preferencial. Para que esto suceda, el Gobierno de Alberto Fernández deberá comprometerse a mantener prácticamente una única condicionalidad: que las metas fiscales de contracción de los desequilibrios entre ingresos y gastos se cumplan. En el año en el que el país no logre el cometido, automáticamente se deberá negociar un “waiver”. El que también dependerá de la buena voluntad del “board”. El FMI no impondrá políticas económicas, fiscales, de emisión o cambiarias. Pero sí tendrá que demostrar que las proyecciones del ministro Guzmán son realistas, sólidas y logrables. Los tiempos que manejan el Gobierno de Alberto Fernández y el FMI son los siguientes.

La misión del FMI que comanda el venezolano Luis Cubeddu y la norteamericana Julie Kozac prácticamente ya tienen todos los datos necesarios para elaborar el informe final. Cuando el paper definitivo esté redactado, ese informe será girado al director gerente para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner primero y a la propia Kristalina Giorgieva después. La economista búlgara será la responsable final y quien debería presentar en sociedad la “Carta de Intención” junto con el presidente Alberto Fernández. Esta se pondrá a disposición de los delegados de cada país ante el FMI. Estos embajadores tendrán un mes para revisar el contenido de la “Carta”, para dar sus precisiones o su aval directo. Serán tiempos además de lobby cruzado desde Buenos Aires con cada uno de los embajadores de los principales estados votantes en el “board” para que estos avalen la letra de la “Carta de Intención”. Finalmente, no antes del 20 de enero, el caso argentino y su pedido de un acuerdo del tipo “Facilidades Extendidas”, pero con contenidos inéditos en la historia del organismo, llegarán a la instancia definitiva.

El directorio del FMI se reunirá específicamente para tratar este tema y dar su veredicto final. Se supone que si se alcanza este momento es que se descuenta que los votos necesarios para avalarlo ya estarán garantizados. Sin embargo, como se trata de un acuerdo fuera de lo común, el Fondo requiere de la aprobación del 85% de los votos con lo que, inevitablemente, se tendrá que contar con la mano levantada de EE.UU. Se llega aquí a un cuello de botella, por las circunstancias políticas del caso. El voto imprescindible de este país (16% del total) se da en medio de un cambio radical de gestión, con la llegada de Joe Biden y la salida de Donald Trump. El cambio de gobierno se dará el 20 de enero, con lo que recién ese día el próximo jefe de estado norteamericano tomará el poder y tendrá la capacidad de nombrar funcionarios. Según la tradición, en la primera semana llegarán a la Casa Blanca los colaboradores fundamentales y las segundas líneas incluyendo a Janet Yellen, la próxima secretaria del Tesoro, quién tendrá un tiempo para designar a los delegados en los organismos financieros internacionales, en un proceso que no tomará menos de 15 días a un mes, con lo que el nuevo representante de los Estados Unidos no llegaría antes de la segunda quincena de febrero. Argentina entonces está en una disyuntiva. Si se busca acelerar el aval para tranquilizar a los mercados locales y comenzar 2021 con el problema del FMI despejado, tendrá que negociar con el saliente Donald Trump. Si se piensa que no es necesario ganar tiempo, y que con la sola presentación de la “Carta de Intención” alcanza, se podrá esperar a armar las relaciones necesarias con la gestión Biden. Y confirmar lo que se percibió el 30 de noviembre, durante la charla telefónica entre Alberto Fernández y Biden, donde se demostró que con el demócrata, al menos en un comienzo, habría una mejor sintonía que con el republicanos. Lo más probable y recomendable entonces, será que recién para fines de febrero o marzo, cuando los embajadores de la nueva administración del gobierno norteamericano estén en los sillones de los organismos internacionales, el caso argentino pueda ser tratado.

En síntesis, los tiempos indicarían que el país tendrá hasta mediados de enero para cerrar el contenido de la “Carta de Intención”, para luego comenzar la tarea de lobby político para que después de la asunción de Joe Biden del 20 de enero y las posteriores designaciones de los embajadores de ese país en los organismos financieros internacionales, el caso argentino sea tratado por el “board” del organismo. Según el cronograma primario, esa votación tendría que organizarse recién para fines de la primera quincena de febrero, con lo que para fines de ese mes el acuerdo podría ser real. Mientras tanto, hay problemas por resolver. En los pocos días que restan para cerrar 2020 y enero, habrá que dilucidar, por ejemplo, si Argentina acepta las fiscalizaciones trimestrales y obligatorias (según la Carta Orgánica del FMI), para controlar si el país cumple o no con las metas comprometidas en el “Facilidades Extendidas”. Aquí el Gobierno deberá resolver un problema. El FMI obliga a ejecutar este tipo de misiones para verificar las metas trimestrales; según el dictado del artículo IV del estatuto del organismo. En términos políticos locales, si se firmara el acuerdo con el FMI, el gobierno de Alberto Fernández, y los que lo sucedan, deberían aceptar misiones de los enviados particulares del organismo que tengan la responsabilidad de manejar el caso argentino cada tres meses. En cada misión, los enviados de Washington deberían fiscalizar si el país cumplió las metas fiscales, monetarias, financieras y cambiarias; y, si no lo hacen, enviarle estos datos a la sede central para que allí se definan los pasos a seguir. En ese punto podría haber simplemente un correctivo, una recomendación de modificación de políticas o un cuestionamiento mayor. Y si el país persiste en su incumplimiento, desde Washington se debería negociar un perdón (waiver) o varios puntos intermedios hasta la caída del acuerdo.

Los enviados del FMI

Cada misión trimestral que visite Buenos Aires, se reuniría además con los principales funcionarios económicos del país; que deberían desplegar los números locales y explicarles detenidamente a los enviados de Washington como marcha la economía argentina. Y, los enviados del FMI, tienen el poder de consultar y repreguntar; y eventualmente de cuestionar y discutir los datos que se le muestren. Y de regreso en Washington, pueden criticar y hasta recomendar cambios de políticas. En otras palabras, los representantes del FMI que tengan la firma autorizada en las misiones del Fondo, podrán tomar examen a los funcionarios locales. Algo que evidentemente sería muy difícil de aceptar de parte del ala política más radical del Gobierno. De hecho, recuerdan dentro del kirchnerismo, este tipo de misiones fue lo que determinó que el stand-by firmado en el 2003 termine siendo cancelado y liquidado en febrero de 2005. La decisión la tomó Néstor Kirchner luego de las quejas de varios de sus funcionarios por los datos molestos que a veces pedían los visitantes de Washington.

La intención de los negociadores locales es que el requerimiento de las misiones trimestrales se modifique, y que se extiendan a un ritmo semestral. O anual. El argumento es que como se trata de un Facilidades Extendidas inédito, también las fiscalizaciones deberían ser inéditas y con mayor espacio de tiempo. Además, y como mejor opción, se pedirá que las inspecciones se suspendan durante el tiempo de gracia que tendría el país para pagar las primeras cuotas, lo que, en los términos que está negociando el ministro de Economía Martín Guzmán, comenzarían a liquidarse tres años después de firmado el tratado. Si como suponen en Buenos Aires, la firma sería para marzo o abril de 2021, la primera inspección de las misiones impuestas por el artículo IV, debería concretarse en 2024. Obviamente habría otra gestión.

Las diferencias del tipo Facilidades Extendidas con el stand-by son simples. Este autoriza, como máximo, un plan de repago de no más de 3 años; mientras el de facilidades extendidas avala hasta 10 años. En este punto, Argentina reclama que además haya un período de gracia de hasta 3 años, que se contabilizarían dentro de los 10 años, con lo que el país pagaría durante 7 ejercicio; si el acuerdo se aprueba en el primer semestre de 2021, en 2025 Argentina pagaría la primera cuota. En este punto es donde ingresa además la discusión sobre la tasa. El principal problema para el país en cuanto a la aplicación de un acuerdo y otro es que un stand-by no exige grandes compromisos previos, sino el cumplimiento de metas fiscales, cambiarias e inflacionarias para lograr los desembolsos. El Facilidades Extendidas, como en teoría implica que todo el dinero de un préstamo se otorgue de una vez, sí amerita la exigencia de medidas macroeconómicas específicas. De allí los compromisos que Guzmán está absorbiendo en estas semanas: reforma previsional, metas fiscales, de crecimiento, impositivas y cambiarias.

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