Economía

Burford valuó su demanda contra Argentina por YPF en u$s1.000 millones

El fondo inglés presentó ayer su balance semestral con una ganancia de 36%, en gran parte por la valuación de los activos del caso. No tiene en cuenta la decisión del miércoles de Loretta Preska de extender la resolución más allá de 2019.

Burford Capital presentó ayer su reporte semestral de resultados correspondiente al período enero- junio 2019, en el que, obviamente, el juicio por YPF es protagonista. El principal demandante al país valuó sus activos potenciales en el caso en unos u$s1.000 millones de los aproximadamente u$s3.000 millones que costaría el juicio en el caso de ser negativo para el país. Burford anunció además que mantiene el 61,25% del caso, y que en sociedad representa a unos 40 inversores privados. La identidad de estos socios se mantiene estrictamente en secreto; y desde la defensa de la Argentina se reclama a la jueza Loretta Preska que, en el caso de tener que liquidar la deuda (algo que, tal como lo adelantó este diario, no ocurrirá en 2019), se den a conocer los nombres de todos los litigantes a los que habría que pagar.

Los datos aparecieron ayer en el informe de Burford publicado en su página oficial. Allí se menciona que en el primer semestre de 2019, la compañía cotizante en la Bolsa de Londres obtuvo una ganancia de 36% en sus inversiones de activos, y de 40% en sus ingresos totales. Esta rentabilidad se debe, en gran parte, a la actividad del fondo ante el juzgado de Preska en el caso YPF, dados los avances del caso en el juzgado del segundo Distrito Sur de Nueva York al menos al momento de cerrar el balance. Probablemente la valuación que hizo Burford del caso YPF deberá revaluarse para el segundo semestre, a partir del logro de los abogados que representan al país de poder abrir el juzgado de Preska durante el resto del año, a la presentación de pruebas de parte de la Argentina para intentar demostrar que hubo actos de corrupción que se investigan en el país que ameritan que la jueza los analice. Y que, eventualmente, la causa se mude a Buenos Aires. Si bien el éxito para la Argentina está lejos (aún es poco probable que se dé), el hecho que Burford demore al menos seis meses más como mínimo para saber si va a cobrar, cuánto y cómo significa una pérdida en la valuación de sus activos en la causa. Habrá que esperar a conocer los datos del balance final de Burford Capital en enero de 2020 para saber cuál sería la recalibración de ese dinero que hoy el demandante valúa en u$s1.000 millones.

Hasta junio, el fondo inglés ya había ganado un 236% en dólares en algo más de cuatro años, luego que a fines de 2015 compró la causa a los tribunales de quebrantos de Madrid. Se estima que si el fallo final es negativo para la Argentina, ganará hasta un 500%. De tener éxito final, Burford y el resto de los litigantes recibirán por el reclamo entre u$s3.000 y u$s3.500 millones (dependiendo de la decisión final de la Justicia norteamericana), algo menos de la mitad de lo que vale YPF hoy en el mercado: unos u$s6.900 millones. En el momento de la nacionalización, en 2012, el valor que se determinó que valía la compañía (para calcular el precio a pagarle a Repsol), era de u$s11.000 millones. Burford había comprado a los tribunales españoles la causa de las quiebras de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, por unos u$s15 millones.

Originalmente, el fondo especializado en litigar en el mundo en casos como el de YPF había comprado el 70% de la causa. Actualmente sostiene el 30%, habiendo colocado a unos 40 inversores privados el resto. El 40% que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso y a medida que se aproximaba el momento actual, su precio iba en incremento, otorgándole a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de los casos que va litigando) ganancias extraordinarias.

Si el caso continúa sin resolución durante un tiempo más, pero finalmente el fallo se mantiene a favor del demandante Burford, más dinero habrá que pagarle al fondo inglés. Sin embargo, como se trata de un fondo especulativo de alto riesgo cotizante en la Bolsa de Londres (donde atrae inversores esperando ganancias extraordinarias en el menor tiempo posible), la extensión del caso no es una buena noticia. Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero.

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, con lo que el gran misterio (por ahora) de esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.

Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso. Antes dejó claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF. La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

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