Los agricultores deberán pagar unos 50 millones de dólares anuales, con una escala ascendente que llegaría a los 200 millones de dólares en los próximos tres años, por regalías en semillas de soja, exclusivamente, si prospera la propuesta presentada por los proveedores de ese insumo, indicaron voceros de la producción.
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La suma aproximada surge de calcular lo que representaría el pago anual de las regalías reclamadas por los proveedores nucleados en la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) por un monto equivalente a 1% del valor de la tonelada de soja, actualmente de 150 dólares, sobre una producción nacional estimada entre 32/34 millones de toneladas.
La proporción se duplicaría para la campaña 2006/2007, lo que implicaría doblar el monto de la recaudación, y llegaría a 4% por tonelada para el período 2008/2009, lo que, calculado a valores y volúmenes de producción actual, llevaría el pago de los agricultores a la suma a los 200 millones de dólares anuales. Este cálculo contempla exclusivamente los gastos en semillas de soja pero, en la práctica, la suma resultaría mucho mayor porque también hay que considerar a las de trigo, ya que ambas constituyen el principal motivo de preocupación para el cobro de regalías.
• Posibilidad
Es que, a diferencia de otras especies híbridas, como el maíz, los agricultores pueden guardar los granos obtenidos en sus cultivos de soja y trigo para volver a sembrar en la siguiente campaña, eludiendo el pago de derechos a los semilleros. Como atenuante, el proyecto incluye que el porcentaje máximo (4% por tonelada) sólo se aplicaría en caso de que se eliminen totalmente las retenciones a las exportaciones de soja para no resentir en exceso la rentabilidad de los productores. A cambio, los semilleros plantean que, si pese a la caída de la rentabilidad, por baja de los precios internacionales y el aumento de los costos internos de producción, el gobierno nacional persiste en cobrar retenciones, se destine parte de ese impuesto al pago de las regalías.
El mecanismo contempla también un sistema de « créditos» que se otorgarían a los compradores de semillas certificadas para evitar que los agricultores paguen dos veces el mismo derecho. Asimismo, propicia la creación de una Sociedad Civil de Administración, Percepción y Distribución de Regalías, integrada por representantes de las semilleras y de las entidades de la producción que se encargarían de controlar el cumplimiento del régimen.
La propuesta fue presentada en el marco de las discusiones que se desarrollan desde octubre pasado entre los representantes de las sectoriales convocadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) luego de la amenaza formulada por la multinacional Monsanto de cobrar en «los puertos de destino» sus derechos sobre la soja transgénica.
En su oportunidad, el titular de la SAGPyA, Miguel Campos, fijó un plazo de 45 días para llegar a un «preacuerdo» que permitiera elaborar, en los siguientes 45 días, un régimen consensuado de pago de regalías antes de finalizar 2004 que sería administrado por el Instituto Nacional de Semillas (INASE).
Las negociaciones se intensificaron en las últimas semanas e incluyeron unas «jornadas de reclusión» de dirigentes de la producción y representantes de las empresas semilleras nacionales y extranjeras que operan en el país en un hotel de la localidad bonaerense de Pilar.
Los participantes coincidieron en que el encuentro resultó «fructífero» para avanzar en el análisis «de aspectos sustanciales» del futuro régimen de regalías, pero no alcanzó para sellar entendimientos definitivos.
• Desacuerdo
Por otra parte, los desacuerdos no envuelven solamente a los dirigentes sectoriales sino que se prolongan entre los mismos representantes de las entidades de la producción.
En tanto, la Federación Agraria Argentina (FAA) rechazó de plano la propuesta de los semilleros, y a cambio presentó un proyecto que reserva el derecho tradicional de «uso propio» de semillas para los pequeños productores y ubica al INASE como principal auditor y administrador del sistema; el resto de las asociaciones aún no definieron su postura.
Por tal motivo, el secretario Campos que la semana pasada, al cumplirse la primera etapa de 45 días de discusión, se reunió con los dirigentes de la producción para medir «los índices de consenso», debió convocar a un nuevo encuentro para el próximo miércoles a fin de lograr mayores precisiones.
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