21 de febrero 2019 - 00:01

Coca Cola pide ayuda al Gobierno para recortar empleos en su embotelladora

A través de Femsa Argentina, solicitó el Procedimiento Preventivo de Crisis para la planta de Nueva Pompeya donde trabajan 600 personas. Esto le permite aplicar suspensiones y negociar despidos pagando menos por las indemnizaciones.

Ajuste. En la planta de Pompeya  trabajan 600 personas.
Ajuste. En la planta de Pompeya  trabajan 600 personas.

El impacto de la crisis económica que atraviesa el país no distingue rubros ni tamaño de empresas. Ayer su sumó a la larga lista de compañías afectadas Coca Cola Femsa de Argentina, una embotelladora de gaseosas controlada por capitales mexicanos. Se presentó formalmente ante el Ministerio de Producción y Trabajo para pedir el Procedimiento Preventivo de Crisis, para recortar personal y achicar sus operaciones en la planta que posee en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

Allí trabajan alrededor de 600 empleados sobre un total de 2.835 personas según la firma tiene declarados ante los organismos de seguridad social y la AFIP.

Voceros de la empresa atribuyeron su situación a la fuerte caída del consumo de gaseosas que se registró en la segunda mitad de 2018, que se hizo más marcada en enero pasado. Y que proyecta peores números aun para febrero y marzo. Su intención es acordar despidos con los propios trabajadores, con asistencia económica del gobierno para cubrir parte de los sueldos de los suspendidos y pagar menos indemnizaciones.

En un comunicado, Coca-Cola Femsa Argentina afirmó que está “atravesando una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo”.

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Al mismo tiempo, la gestión fue confirmada por la cartera que encabeza Dante Sica, que informó que el pedido “se encuentra en análisis” y que ayer hubo “una primera reunión donde los representantes de Femsa expusieron la situación de la empresa. Puntualmente, enmarcaron dificultades en el funcionamiento de atención en la bodega de la planta y en el turno de una de las líneas de producto”.

También aclaró que participó el gremio Sutiaga, ya que “los trabajadores involucrados se encuentran enmarcados bajo dicho convenio”. Las negociaciones seguirán mañana “para analizar cuáles son las alternativas existentes y el camino a seguir”.

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Sin embargo, el gremio de trabajadores de bebidas gaseosas no emitió ninguna declaración pública sobre el tema. El que se manifestó fue Camioneros, que rechazó los argumentos de la empresa y declaró que “la rama de aguas y gaseosas se declara en estado de alerta y movilización”.

La relación del gobierno de Mauricio Macri con Coca Cola Femsa estuvo sometida a diversos vaivenes desde diciembre de 2015 en adelante. En noviembre de 2016 el Presidente se reunió en Buenos Aires con el CEO global de Coca Cola, Muthar Kent, en ocasión de una cumbre empresaria. En esa ocasión se cruzaron elogios y Macri reveló que el ejecutivo turco-norteamericano se había declarado “fanático de esta nueva etapa de la Argentina”.

Apenas un año después, la relación pasó a ser muy tirante, ya que el Gobierno impulsó una reforma impositiva que subía los tributos sobre las gaseosas. Frente a esto, la multinacional amenazó con bajar su plan de inversiones en el país. Finalmente se llegó a un acuerdo intermedio, repartiendo la suba entre otras bebidas.

Ahora, la fuerte caída del consumo golpeó los ingresos de Femsa, que se sumó a una larga lista de empresas afectadas de distinta forma por la recesión (ver recuadro aparte con algunos de los casos principales). Las ventas también cayeron porque los precios subieron. Según el INDEC, en enero el precio de las gaseosas aumentó 6,2%, por encima de todas las demás bebidas, incluyendo la leche. Una botella de 3 litros puede costar hasta $150.

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