El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Joseph Blatter, reclamó a las autoridades brasileñas que eviten una investigación parlamentaria sobre el lavado de dinero en el fútbol, porque eso dificultaría inversiones para la organización del Mundial 2014.
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«Blatter dejó claro que la instalación de una comisión parlamentaria de investigación crearía un clima desfavorable a los inversores extranjeros», afirmó el diario «O Estado de Sao Paulo», al anunciar que la FIFA oficializará hoy la designación de Brasil como sede de la Copa del Mundo de 2014.
El presidente de la FIFA se reunió en Brasil con el titular de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Teixeira, quien transmitió el consejo de Blatter a 11 gobernadores que viajaron a Suiza, junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para estar presentes en la ceremonia de hoy.
Uno de esos gobernadores, que pidió reserva de su identidad, explicó que Blatter y la CBF reclamaron a los mandatarios que presionen a los legisladores de sus estados para que frenen la creación de la comisión investigadora.
«Una comisión parlamentaria expone a que se hagan públicos fácilmente movimientos bancarios y fiscales de una empresa», contó el gobernador.
La gestión de Blatter y Teixeira apunta directamente al diputado Silvio Torres, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien está reuniendo firmas para abrir una comisión para investigar el lavado de dinero en el fútbol brasileño.
Torres fue el creador de la comisión que en 1999 investigó los contratos de la empresa estadounidense de indumentaria deportiva Nike con la CBF, y ahora impulsa la indagación del lavado de dinero del que está acusado el club Corinthians y su ex aliado comercial, el fondo de inversión inglés MSI.
La Fiscalía Antimafia de San Pablo y la Policía Federal acusan a Corinthians y a MSI de haber lavado dinero en el fútbol brasileño con la compra de futbolistas. Corinthians abandonó en julio la sociedad con MSI, que según la policía es una firma para lavar dinero, cuyo dueño es el magnate ruso Boris Berezovski, enemigo del presidente Vladimir Putin y asilado en Londres.
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