Seis futbolistas argentinos denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa inmobiliaria en Estados Unidos, mediante un esquema de inversiones para comprar, remodelar y alquilar viviendas en Baltimore. La presentación judicial apunta contra un grupo de empresarios que ofrecía operaciones con una rentabilidad anual de entre 10% y 11% en dólares, pero que, según los damnificados, no cumplió con la transferencia de los inmuebles ni con los pagos prometidos.
Megaestafa inmobiliaria: seis futbolistas argentinos denunciaron pérdidas por más de u$s2 millones
Leonardo Jara, Ezequiel Cerutti, Juan Brunetta, Gonzalo Maroni, Lucas "Tití" Rodríguez y Alejandro Mena denunciaron una presunta estafa con propiedades en Baltimore. La causa tramita en La Plata.
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Seis jugadores argentinos denunciaron una presunta estafa inmobiliaria en EEUU por más de u$s2 millones.
Entre los deportistas afectados aparecen Leonardo Jara, Ezequiel Cerutti, Juan Francisco Brunetta, Gonzalo Maroni, Lucas "Tití" Rodríguez y Alejandro Mena, con trayectorias en clubes como Boca Juniors, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield y equipos del exterior. También figura Facundo Fraga, exfutbolista y representante, quien habría canalizado parte de las inversiones.
La denuncia fue presentada ante la Justicia penal de La Plata por estafa y asociación ilícita. Los inversores aseguraron que entregaron importantes sumas de dinero para adquirir propiedades residenciales en la ciudad estadounidense, pero que con el tiempo descubrieron irregularidades en las operaciones, viviendas que no estaban a su nombre y dificultades para conocer el destino de los fondos.
Cuánto dinero invirtieron los futbolistas y quiénes son los afectados
De acuerdo con la presentación judicial, los seis futbolistas aportaron en conjunto u$s2.125.000. El desembolso más importante correspondió a Leonardo Jara, quien habría invertido u$s520.000. En tanto, Ezequiel Cerutti aportó u$s320.000, Lucas Rodríguez u$s180.000, Gonzalo Maroni u$s170.000, Alejandro Mena u$s110.000 y Juan Francisco Brunetta u$s105.000.
La denuncia también incluye a otros particulares y representantes de jugadores que participaron del mismo emprendimiento. Con esos aportes adicionales, el monto total reclamado asciende a u$s2.679.000, según los datos incorporados al expediente.
La propuesta consistía en un sistema denominado “llave en mano”, por el cual los inversores entregaban el dinero para comprar viviendas, remodelarlas y luego obtener ingresos a través de alquileres. Los responsables del emprendimiento se encargaban de administrar las propiedades, realizar las refacciones y gestionar los contratos con los inquilinos.
Según la denuncia, las operaciones eran presentadas en reuniones organizadas en hoteles de La Plata y Puerto Madero, donde los empresarios ofrecían oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario estadounidense. La promesa de una rentabilidad anual de entre 10% y 11% en dólares y la supuesta estructura comercial generaron confianza entre los participantes.
Sin embargo, los problemas comenzaron a aparecer entre fines de 2023 y durante 2024, cuando los pagos de alquileres se interrumpieron y los inversores detectaron que varias propiedades no habían sido transferidas. Algunos inmuebles estaban en ruinas, ocupados o acumulaban deudas por impuestos, servicios y multas municipales.
La investigación judicial en La Plata
La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y en el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial local.
La presentación apunta contra Fernando Vicente Plastino, Rafael Mugica Lázaro, Julián María Carissimi, Paula Mercedes Lugones, Marcos Federico Muller y César Humberto Fernández. Los denunciantes solicitaron medidas para reconstruir el circuito del dinero, determinar el rol de cada acusado y establecer si existieron otras personas involucradas.
El abogado Ignacio Fernández Camillo, representante de los damnificados, explicó que los inversores creyeron que estaban comprando propiedades, pero que en realidad no obtuvieron la titularidad. La investigación busca determinar qué ocurrió con los fondos entregados y si las operaciones formaron parte de una maniobra coordinada.
