Aerolíneas: empiezan contactos para venta

El gobierno siguió ayer manteniendo el silencio frente a la crisis de Aerolíneas Argentinas, luego de que directivos de la SEPI comunicaron esta semana la decisión de pedir la quiebra de la empresa de bandera el lunes 23 de julio, si es que antes no pueden venderla, y reiteraron que no aportarán nuevos fondos.

Los directivos de la SEPI que gerencian Aerolíneas, Emilio Cabrera y Juan Gurbindo, mantuvieron ayer nuevos contactos con el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, para definir las condiciones en que se realizaría la venta, si se encuentra un interesado.

Voceros de Aerolíneas informaron que la prioridad es presentar a la jueza Di Notto todos los documentos requeridos por la ley para el concurso preventivo. En ese aspecto, la verificación de la deuda que debe hacer la magistrada se considera como un «due dilligence» más estricto del que puede hacerse a través de una consultora.

No obstante, ese proceso de verificación puede demorar entre 6 meses y 1 año, de modo que en este caso no sirve para agilizar la venta que está planteada para los próximos 30 días.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, estaría trabajando en el diseño de una nueva política aerocomercial que implicaría una regulación fuerte por parte del Estado en cuanto a la asignación de frecuencias y rutas, y una decisión política contraria a cualquier posibilidad de cielos abiertos.

Esto formaría parte de un plan de competitividad con rebaja de impuestos y otras erogaciones que no sólo beneficiaría a Aerolíneas, pero que procuraría hacerla atractiva. No obstante, el plazo que la SEPI impuso es demasiado breve para que se elabore una «short list» de probables interesados y un banco se ocupe de contactar a eventuales oferentes para mostrarles las características del «producto», que incluye desde las rutas hasta el marco regulatorio.

Por eso, se sigue especulando que Eduardo Eurnekian es el único que podría terminar quedándose con Aerolíneas, porque ya manifestó interés. De todos modos, fuentes oficiales insisten en que hay otros interesados, aunque no se puede saber cuánto hay de concreto en esto y si no se trata de otra manera del gobierno de ganar tiempo.

En principio, voceros del Ministerio de Infraestructura, confirmaron ayer que Bastos recibió la semana pasada de manos de la embajadora de Nueva Zelanda una propuesta de Air New Zealand para comprar una pequeña participación accionaria de Aerolíneas y hacerse cargo del área de mantenimiento, con la intención de constituir una unidad de negocios para toda la región latinoamericana.

Por otra parte, la posibilidad de que Eurnekian se quede con todo el negocio de la aviación en el país (ya tiene 30% de LAPA y otro tanto de Southern Winds) y el de los aeropuertos provoca cierta resistencia en algunos funcionarios del gobierno. Y es desde ese lado donde se insiste en nombrar un negociador o tres negociadores para ordenar la salida de la SEPI y encontrar un comprador.

La Cámara de Diputados a través de una resolución y, según se afirma, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, impulsan la designación de Rodolfo Terragno como negociador. El ex jefe de Gabinete indicó ayer que inició conversaciones con el gobierno y gremios aeronáuticos para dialogar sobre la situación de Aerolíneas. Según allegados a Terragno, el plan de éste consiste en buscar un socio estratégico, una participación accionaria o alianzas, mien-tras que la SEPI debería absorber el pasivo como lo hizo el Estado argentino al privatizar la empresa.

Terragno mantuvo varios encuentros con el titular del gremio de los técnicos aeronáuticos, Ricardo Cirielli, quien, consultado sobre la propuesta, dijo que «es bastante buena» y que «es importante que haya gente que conozca del tema porque es necesario solucionar urgente el conflicto de Aerolíneas».

El proyecto de Terragno contempla la necesidad de iniciar el proceso tendiente a una oferta pública de venta a fin de colocar la mayoría accionaria. También incluye una cláusula para evitar que la empresa cierre, se fusione o bien comprometa 10 por ciento de su capital o entregue activos en garantía sin la aprobación del Estado.