La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigó la situación impositiva de las principales 7 exportadoras cerealeras que trabajan en el país y concluyó que por operaciones a través de intermediarios habrían eludido el pago del Impuesto a las Ganancias. En teoría, y entre los ejercicios 1997 y 2001, por este tipo de mecanismos de triangulación de exportaciones las cerealeras, habrían dejado de abonar al fisco aproximadamente 400 millones de pesos (también dólares en esos años). Para combatir este tipo de operaciones, el titular de la AFIP, Alberto Abad, justificó ayer el tratamiento de la ley que obliga a las empresas cerealeras que operan con intermediarios que no cumplan ciertos requisitos que pide el organismo recaudador, a liquidar los valores de los commodities en el momento del embarque y no en el de compra.
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Abad explicó esta posición al hablar ayer en un almuerzo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, asegurando: «Estamos detectando muchas maniobras de triangulación de exportaciones, muchas más de las que nosotros entendemos que tienen que existir, y estamos muy preocupados por este tema». Según el funcionario, la AFIP «hizo un análisis durante los últimos cinco años del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas cerealeras, y encontramos que están significativamente por debajo de la media de lo que paga el resto de las empresas en la Argentina».
La AFIP llegó a esta conclusión luego de haber controlado el pago del Impuesto a las Ganancias del período '97- 2001, y cruzar esos datos con el resto de los movimientos de impuestos y el pago promedio de todos los sectores de la economía local. Para la AFIP, estas siete empresas, entre las que figuran Cargill, Nidera, Dreyfus, Bunge y Deheza, facturaron en esos ejercicios unos 22.500 millones de dólares y pagaron ganancias por u$s 19 millones, lo que implica 0,08% de lo facturado. El resto de los sectores de la economía argentina habría tributado 1,8% del impuesto determinado; tomando únicamente lo facturado por las sociedades inscriptas dentro de la AFIP, habría una diferencia cercana a los u$s 400 millones, lo que en gran parte se debería a las operaciones de este tipo de triangulaciones; esto justificaría avanzar con la ley.
• Nuevo sistema
Esta legislación incorporaría un nuevo sistema de precios de transferencia para las cerealeras que se aplicaría exclusivamente en el caso de que se produzca una venta formal a una sociedad radicada en el exterior (generalmente, en algún paraíso fiscal), cuya única función sea comercializar o intermediar con el exterior. Además, esa empresa extranjera no debería resultar del destinatario efectivo de la mercadería y no tendría que cumplir con algunos requisitos que exigirá la AFIP, como realizar con la Argentina sólo 15% de sus operaciones. También el organismo recaudador debería demostrar que hay una vinculación entre la cerealera local y el intermediario y que se trata de compras de commodities con cotización conocida en mercados transparentes.
En estos casos, y como se sospecha que la opera-ción de venta a la compa-ñía del exterior se realiza con un precio de mercado menor que el que luego se vende al destinatario final por el intermediario, habría una elusión en el pago de Ganancias al liquidar el ejercicio final. Fuentes de las compañías aludidas por el organismo que maneja Abad cuestionaban esta nueva propuesta de legislación, defendiendo el mantenimiento de la fecha de la operación de venta para la liquidación del Impuesto a las Ganancias. Según voceros del sector, esta manera de liquidación es la que se respetaría «en todo el mundo». Además, se aseguraba que para el organismo será difícil determinar que la empresa que opera en el exterior es una realmente compañía «fantasma» vinculada a la cerealera.
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