Aguas confirmó retiro. Prometen hacerle un juicio

Cruce de comunicados ayer por la retirada de Aguas Argentinas. El directorio de la empresa confirmó que se va del país dando comienzo a la rescisión del contrato. Desde el Ministerio de Planificación respondieron que iniciarán una demanda contra la privatizada por abandono de la concesión. Era todo previsible. Se dará una batalla legal -extensa por cierto- en diferentes tribunales en los que las partes reclamarán compensación. Néstor Kirchner, de campaña en Florencio Varela, mantuvo la dura postura: «Si quieren irse, que se vayan». Todo apunta a que no será fácil, más allá del optimismo oficial, encontrar una nueva empresa que se haga cargo de la concesión. La razón: la baja rentabilidad y altas inversiones que se necesitan manteniendo al mismo tiempo el actual esquema tarifario. Hay cierto margen para el gobierno por las plazos que se contemplan para el retiro de la empresa.

Néstor Moisés Kirchner.

Como estaba anunciado, se reunió ayer el directorio de Aguas Argentinas y, tras una moción del grupo francés Suez, resolvió «proponer a la Asamblea General Extraordinaria, convocada para el próximo jueves 22, el inicio del proceso de rescisión del contrato».

La moción fue aprobada por todos los miembros del directorio, incluyendo los que representan a Aguas de Barcelona, aun cuando el gobierno confía en negociar con la empresa catalana para que tome la operación del servicio, hoy ejercido por la compañía gala.

El gobierno respondió de inmediato a la decisión de Aguas Argentinas en términos políticos y legales, amenazando con el inicio de acciones judiciales por «incumplimientos» de la concesionaria.

Esto permite anticipar que la salida de Suez y los demás accionistas de la concesión será tan complicada como las negociaciones por un nuevo contrato que al final fracasaron. Suez ya tiene un juicio en marcha contra el Estado nacional en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, por 1.700 millones de dólares.

• En campaña

Con tono de campaña, el presidente Néstor Kirchner dijo que si Suez quiere irse del país, que lo haga. «Si se quieren ir, que se vayan, el pueblo va a saber lo que tiene que hacer», dijo durante un acto público.

«Este presidente -agregó- no va a permitir que esa empresa siga dejando sin cloacas y sin agua al pueblo argentino y encima quiera aumentar su tarifa.» (Ver nota aparte.)

Suez anunció el 9 de este mes su intención de retirarse de Aguas Argentinas, una de sus mayores operaciones de agua potable y saneamiento en el mundo, tras el fracaso de las negociaciones por nuevas condiciones contractuales que incluyera un incremento en las tarifas para el año próximo.

Previamente, el 26 de julio, el directorio de Aguas Argentinas se había encuadrado dentro de la cláusula 14.9.5 del contrato de concesión que prevé la rescisión por culpa del concedente. En esa oportunidad, la empresa emplazó al Estado para que en 30 días restableciera la ecuación económico-financiera del contrato, lo que no se logró aun cuando se encararon negociaciones de último momento.

Ayer, en un nuevo comunicado, Aguas afirmó que « habiendo constatado el fracaso de las negociaciones, que hubieran permitido restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión y preservar en forma duradera la calidad de los servicios, el directorio se vio obligado a proponer a la Asamblea General Extraordinaria (convocada para el próximo jueves) el inicio del proceso de rescisión del contrato».

• Incumplimientos

Por su parte, el Ministerio de Planificación informó que «en el marco del rechazo al procedimiento rescisorio planteado por Aguas Argentinas, el Estado se prepara para notificar al auditor contable de la empresa, a su comisión fiscalizadora, a la Inspección General de Justicia y a los acreedores financieros».

Agregó que se comunicará a los nombrados «todas las circunstancias y acontecimientos referidos a los graves incumplimientos en que ha incurrido la concesionaria y al reconocimiento expreso en cuanto a no estar en condiciones de prestar adecuadamente el servicio comprometido».

Según el comunicado del Ministerio a cargo de Julio De Vido, esas notificaciones «se enmarcan en la necesidad de que (los notificados) tomen los recaudos contables necesarios que contemplen las consecuencias emergentes de dichos incumplimientos y evalúen las responsabilidades societarias y personales que dichas omisiones generan al Estado y a los usuarios del servicio».