Finalmente, volvió a postergarse un entendimiento entre el gobierno y Aguas Argentinas. Aunque es difícil arriesgar pronósticos considerando la complicada relación entre las dos partes, ya no habría acuerdo antes de las elecciones. De todas formas, según fuentes empresariales, el próximo lunes podría haber una comunicación oficial del accionista mayoritario, el grupo francés Suez, o del directorio de la prestadora local.
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El último borrador de acta acuerdo estuvo a punto de cerrarse y sólo restaba definir la proporción de recursos que se destinarían a fondos fiduciarios para obras específicas y la que se quedaría la empresa para manejar libremente. Sin embargo, el gobierno dio marcha atrás y redujo su oferta de ajuste tarifario.
Tal como se viene hablando desde enero (cuando lo dijo Roberto Lavagna en París fue desmentido por el resto del gobierno), la unidad de renegociación viene planteando a Aguas Argentinas dos ajustes de tarifas para 2006, que acumularían 35% según la propuesta oficial o llegarían a 40% si se considera lo solicitado por la compañía.
Desde mediados de esta semana, los negociadoresoficiales manifestaronque por decisión política del presidente Néstor Kirchner, se autorizaría un solo ajuste y el resto se le compensaría a la empresa por otro mecanismo. No obstante, el gobierno propuso firmar un acta que no contuviera ninguna suba y que expresara la voluntad de seguir negociando, de modo de dejar para después de las elecciones el anuncio de ajuste de tarifas.
Por lo menos hasta ayer, Aguas Argentinas había decidido no firmar un acuerdo que no contemplara aumentos, mientras el grupo francés Suez, que controla y opera la concesión, volvió a endurecerse.
El presidente de esa compañía, Gérard Mestrallet, dijo ayer desde París que «los plazos se acercan». Añadió: «Las negociaciones son en efecto muy difíciles, y no soy exageradamente optimista».
El titular de Suez afirmó que el fin del plazose producirá el próximo domingo 11, retomando el criterio del ultimátum formulado por Aguas Argentinas a fines de julio para que el Estado restableciera «la ecuación económicofinanciera de la concesión en 30 días hábiles». Aunque, según los cálculos locales, ese período venció el martes, Mestrallet se refirió al 11, dando a entender que el lunes habría un pronunciamiento.
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