Ahora la apuesta está en la negociación con Pollack

Mañana habrá una nueva audiencia con el mediador Daniel Pollack. El objetivo como lo indicó el juez Thomas Griesa es evitar que Argentina caiga en default.

El juez rechazó el pedido de stay argumentando que el amparo "no es necesario para seguir conversando". La respuesta de los abogados del estudio Clearly & Gotlieb que representan a la Argentina fue muy concreta: "simplemente no se puede hacer antes de finales de julio", anticipando de esta manera que el default, en esta instancia, parecería inevitable.

En tanto, en el Gobierno, si bien no eran muy optimistas, estaban digiriendo la mala noticia. Asimismo, evaluando si para la audiencia de mañana con el mediador asistirá el ministro de Economía, Axel Kicillof o, como ocurrió en la ultima audiencia, solo los secretarios Legal, Federico Thea y de Finanzas, Pablo López. Esta decisión, los cursos de acción para las negociaciones con los holdouts serán decididas por la presidente Cristina de Kirchner, quién fue informada permanentemente de cómo se desarrollaba la audiencia.

No se percibía mucho optimismo en los pasillos oficiales pues si antes de esta audiencia no se había logrado avances con los holdouts cuesta pensar que ahora que "se sienten más fortalecidos" van a ser más flexibles, se lamentaban.

"No hubo ningún cambio de actitud de Griesa", comentaron quienes presenciaron la audiencia. El juez volvió a cuestionar "la retórica incendiaria de Argentina" a la que consideró "desafortunada". Volvió a insistir que "los fallos son fallos" y que la Argentina con sus cuestionamientos lo que hace es "negarse a pagar la sentencia".

Uno de los puntos que se enfatizó en la presentación que efectuó en la presentación el estudio Clearly & Gotlieb es el problema de la cláusula Rights Upon Future Offers ("RUFO") ya que cualquier resolución debe contemplar las otras obligaciones contractuales de la República, incluyendo la denominada cláusula de Rufo.

Se insistió que de dispararse esta cláusula RUFO puede representar miles de millones de dólares en reclamos adicionales por bonistas (hoy el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich indicó que el monto puede ir de 120.000 a 500.000 millones de dólares) lo que pondría también dar lugar a la responsabilidad civil y criminal afectando a las más alta autoridades del país incluyendo a la Presidente.

Los riesgos son que puedan ser sometidos a un juicio político dado que los funcionarios involucrados en el tema tienen bajo su responsabilidad el resolver este problema. En tanto, los fondos buitres argumentan que el riesgo de la cláusula RUFO no existe.

La audiencia no fue favorable tampoco para los bancos que solicitaron al Juzgado que le resuelva el problema de su obligación ante los bonistas performing. De hecho el Juez no resolvió su situación.

Las entidades financieras que participaron del proceso de reestructuración de deuda le solicitaron a Griesa directivas para resolver el problema de los pagos buscan obtener una precisión de parte del magistrado respecto a los fondos que depositó el país para el pago a los bonistas que entraron en los canjes concretados en 2005 y 2010. Este fue el motivo del hearing de hoy.

El Bank of New York Mellon (BoNY), el Euroclear, Clearstream Banking y del Citibank recibió un escrito de apoyo por parte de Argentina donde se reafirmó que el Gobierno busca la resolución del problema de los holdouts en base a condiciones "justas, equitativas y sustentables, de su deuda con todos.

Se insistió en la presentación que los fondos depositados el 26 de junio ya no le pertenecen a la Argentina sino a los bonistas al tiempo que se explica que dicha transferencia fue hecha en base al Trust Indenture que gobierna los Bonos del Canje.

• Pedido

El BoNY, en varias oportunidades le solicitó un pedido de aclaración al magistrado ante el congelamiento de los 539 millones de dólares depositados por el Gobierno. También, por indicación del Juez fue invitado a exponer el fondo buitre y principal litigante, NML Capital quien argumento a favor de que no se reinstale el stay.

En el caso del BoNY que administra el fideicomiso para que Argentina cumpla con los pagos a los bonistas performing se enfrenta con un problema de cumplir con sus mandatos. Según se lee en la presentación el Banco le expresó al magistrado norteamericano una aclaración de "las órdenes judiciales que debe cumplir, de retener los fondos en la cuenta del Banco Central hasta la resolución final de la disputa relativas a la transferencia de los fondos".

Explica que si debe devolver los fondos a la Argentina solo podría hacerse "si recibe instrucciones directas de Argentina y la seguridad de la Corte de que no habrá litigios luego de devolver los fondos". Sin embargo, Argentina difícilmente esté dispuesta a aceptar el retorno de esos fondos pues ya "no le pertenecen".