En los primeros seis meses del año, el robo de autos registró un ascenso de 60% en relación con igual período del año pasado. Esto implica que en la Argentina se roban cerca de 270 autos por día. Esa cifra puede ser aún mayor, si se tiene en cuenta que los datos surgen de las denuncias de robos de vehículos recibidas por las compañías de seguros y que sólo 50% del parque automotor está asegurado.
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• La cantidad de cero kilómetro vendidos en la primera mitad de año es casi igual al número de vehículos robados en ese mismo período.
• El 40% de los vehículos robados es utilizado para cometer algún delito y luego abandonado o sacado del país. Esto ocurre especialmente con los autos importados de alta gama robados a pedido y con las camionetas doble tracción. El 60% restante de los autos robados es destinado al desguace para la venta de repuestos.
• Se calcula que por cada auto robado y desguazado ilegalmente se pueden obtener unos 4.000 pesos en repuestos. Si esa cifra se multiplica por la cantidad de autos robados en un año, se obtiene una suma de 327 millones de pesos. Una cifra equivalente a más de 12% del valor anual de toda la producción de la industria de repuestos.
• Los principales damnificados, además de los fabricantes, son los comerciantes, que venden repuestos legales ante una competencia desleal e ilegal. Finalmente, el consumidor es perjudicado, ya que si compra una pieza robada no tiene certeza de que cumpla con las normas de calidad, con lo que pone en riesgo su propiedad y su vida.
• Los daños indirectos de esta actividad delictiva son importantes y dignos de tener en cuenta. En primer lugar, el perjuicio para el fisco es notorio, dada la envergadura de esta actividad. Las empresas aseguradoras deben incurrir en mayores costos para la cobertura, lo cual, inevitablemente, termina siendo pagado por los consumidores vía aumentos en el valor de las pólizas de seguro. Esta situación es particular-mente relevante en el caso de los vehículos 4x4, a los cuales algunas empresas aseguradoras prefieren no cubrir debido a los crecientes costos que implican.
• Existen obstáculos que dificultan el combate contra los desarmaderos ilegales de automotores: las exigencias para dar de baja automotores son mínimas y no se cumplen. No existe una forma de distinguir una autoparte producto del desarmado ilegal de un automotor de una que no lo es.
• La comercialización de autopartes no tiene exigencias de registración administrativa que permita un seguimiento adecuado del origen de los repuestos. La forma de penalizar esta actividad ilegal tampoco es clara. Los desarmaderos de vehículos no tienen una regulación adecuada.
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