Roberto Lavagna sigue emitiendo deuda. Ayer se dispuso que 35.000 ex empleados de la YPF estatal cobren en bonos lo que les correspondía en acciones cuando se privatizó la petrolera. En total, el costo para el Estado de los nuevos BOCON que recibirán asciende a 900 millones de pesos.
El Ministerio de Economía lanzó ayer formalmente el procedimiento para indemnizar a 37.000 ex empleados de YPF a través de la emisión de nuevos bonos. Cada uno cobrará un valor cercano a los $ 24.000 en títulos, por lo que en total el costo para el Estado ascendería a $ 900 millones.
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Los beneficiarios serán todos los empleados de la ex compañía estatal que tendrían que haber cobrado acciones de la compañía al momento de su privatización, a través del Programa de Propiedad Participada (PPP). Se trataba de 10% del capital de la compañía, que debía ser distribuido entre los empleados, como ocurrió con otras empresas privatizadas.
Sin embargo, nunca vieron una sola acción, ya que terminaron siendo vendidas por el gobierno argentino al privatizar la compañía, primero a través de oferta pública de acciones en la Bolsa -operación que lideró Domingo Cavallo-y luego tras la venta del remanente a la española Repsol.
A través de la Resolución 462, que se publicó el jueves pasado, el Palacio de Hacienda detalló el mecanismo de «procedimiento abreviado» para que los ex empleados puedan cobrar los títulos. El trámite debe ser iniciado ante cualquier sucursal del Banco Nación, junto con una serie de comprobantes necesarios para determinar la existencia, acreditación y determinación de la deuda para cada uno de los casos. Se estima que el plazo total que deberán esperar los beneficiarios para hacerse de los bonos no superará los seis meses. • Demanda
El requisito para recibir los bonos es haberse desempeñado en relación de dependencia en la petrolera al 1 de enero de 1991 y que la relación laboral sea anterior a dicha fecha. Los ex YPF recibirán la cuarta serie de BOCON a 2% anual. Se trata de los PRO12, títulos emitidos pos-default, cuyo capital ajusta según la evolución del CER. Por lo tanto, pueden ser vendidos en el mercado, donde cotizan a $ 100 (a 63% de su valor técnico). En definitiva, quienes decidan vender de inmediato estos títulos estarán cobrando aproximadamente un monto de $ 16.000.
Los que quieran quedarse con los títulos pueden esperar a cobrar intereses y capital en forma mensual, con vencimiento final en 2016. Si bien se trata de un título de largo plazo, el aumento del CER en los últimos meses generó una importante demanda de estos bonos, ya que brindan una buena protección ante el incremento de la inflación en un contexto de dólar estable. La indemnización fue establecida en 2001 a través de la Ley 24.145, donde se dispone que cada ex agente cobrará de acuerdo con la antigüedad en la empresa, estado de carga de familia y nivel salarial al retirarse de la compañía.
La necesidad de establecer un procedimiento abreviado para el cobro de los títulos fue establecida el año pasado a través del Decreto 1.077. Allí quedó establecido que el beneficio corresponde tanto para aquellos que ya obtuvieron fallos firmes de la Justicia para cobrar las acciones correspondientes al PPP (poco más de 4.000 agentes), como para quienes no iniciaron acciones legales.
Quienes se presenten a cobrar los PRO12 a través del Nación deberán formular su renuncia a continuar con acciones legales. Mientras que los que decidan continuar con la causa judicial podrán hacerlo hasta obtener una sentencia definitiva. Este puede ser el caso de quienes buscan cobrar en efectivo en vez de hacerlo en bonos.
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