La ministra de Economía, Felisa Miceli, instó a los empresarios de la alimentación a que controlen ellos el crecimiento del índice de precios minoristas -indirectamente estaba diciéndoles que morigeren sus reclamos de aumentos-; caso contrario ese control podría asumir formas como menor actividad o incluso una leve revaluación del tipo de cambio.
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La funcionaria se entrevistó con dirigentes de la poderosa COPAL (la entidad de segundo grado que agrupa a las cámaras de empresas alimentarias), que preside Alberto Alvarez Gaiani.
El motivo central del encuentro fue discutir la posibilidad de que el gobierno nacional atempere la voracidad de algunos municipios, que aplican las denominadas «tasas de abasto», un gravamen ( según los empresarios) «injustificado y que incrementa fuertemente nuestros costos». Sin embargo, y como suele suceder en estas reuniones, la conversación derivó hacia temas como la ley pymes, los proyectos de reforma de legislación laboral y la futura ley de accidentes de trabajo. A Miceli la acompañaban el secretario de Industria Miguel Peirano, y el subsecretario de Alimentos, Fernando Nebbia.
Relevamiento
En lo que hace específicamente a las tasas municipales, Miceli adelantó que «la Secretaría de Hacienda ya está trabajando sobre el tema, haciendo un exhaustivo relevamiento», y se comprometió a compartir los resultados de ese estudio con los empresarios de la alimentación.
En relación con las leyes laborales, en cambio, la titular de la cartera económica se limitó a escuchar y a tomar nota de las inquietudes de los empresarios, que repitieron sus habituales argumentos en contra de las iniciativas del diputado por la CGT, Héctor Recalde, sobre los riesgos de que -de sancionarse esas iniciativas- se incremente la informalidad laboral y respecto del renacimiento de la «industria del juicio» en caso de que se apruebe el proyecto de ley de ART elaborado hace más de un año en el Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, el punto que provocó mayores desacuerdos fue el de la denominada «la ley pymes»; el proyecto (que está en el Parlamento) prevé la creación de regímenes de subsidios y tasas preferenciales para los créditos que toman las pequeñas y medianas empresas del sector alimentario.
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