Aumento de combustibles: los errores de la política fiscal

Por Marcelo A. Saleme Murad

Con fecha 01/06/2018 La AFIP ha emitido la Resolución 4257/2018 según la cual el Impuesto sobre los combustibles y el Dióxido de Carbono aumentaría ese día en los surtidores, elevando el precio al consumidor de los combustibles. Aquí, hay que aclararlo, la Administración Federal de Impuestos no tiene ninguna posibilidad de obrar en forma autónoma.

La causa de dicho aumento es el mecanismo de incremento automático del ITC o Impuesto a los Combustibles según IPC (Indice de Precios al Consumidor), que en forma trimestral debe operarse según la última reforma tributaria incorporada a la Ley 23.966, reglamentada por el Decreto PEN 501/2018.

Según publicaron los medios, el aumento fue "suspendido", aunque no sabemos de qué forma se pudo suspender en los hechos la vigencia de la Ley. Esta falta de sistematicidad ocasiona sin duda alguna mucha incertidumbre; puesto que, por otra parte, el Boletín Oficial publicó la Resolución AFIP 4257/2018 que en su texto no contempla ninguna posibilidad de suspensión, sino que el aumento del impuesto rige, textualmente, para el período "Junio-Agosto de 2018 (01/06/2018 hasta 31/08/2018)". El aumento es sensible: se trata de un incremento del 6,15% del monto del impuesto, que impactaría en promedio un 1,3% en el precio final del combustible.

Este aumento tuvo una verdadera historia de marchas y contramarchas, puesto que el Sr. Ministro Ing. Araguren pactó con las petroleras un "congelamiento" por sesenta días del precio de los combustibles, cuyo plazo se cumplía teóricamente en Julio, pero desde Hacienda y a contramano de ése acuerdo, se ordena la implementación inmediata del aumento impositivo por aplicación del índice de Precios al Consumidor, tal como fue dispuesto por la Ley de Reforma Tributaria. Vale decir que éste aumento fue, por lo menos, inoportuno.

Lo que intentó en origen la Ley 27430, de reforma fiscal, fue "desacoplar" el impacto del ITC, hasta ésa reforma una alícuota, del aumento del precio del petróleo, estableciendo que el impuesto sería una suma fija actualizable por inflación. Dijimos hace un tiempo en distintos medios que la reforma seguramente tendría un efecto neutro o, en el peor de los casos, negativo para el bolsillo del consumidor, ya que no se advertía intención real de efectuar algún sacrificio fiscal.

Esto, decíamos, se daba porque actualizar el impuesto por inflación, que está directamente vinculada al precio de las naftas y de la divisa estadounidense, no terminaría teniendo un efecto distinto del que tenía la alícuota, solamente, en el mejor de los casos, demoraría el aumento del impuesto. Pero que, por el contario, si la inflación subía más que las naftas, se daba el efecto contrario: es decir, aumentaría más el impacto impositivo en el precio final.

Y es lo que ha sucedido ahora. Desde un punto de vista netamente jurídico, dados los principios de reserva y de legalidad que rigen en materia tributaria, es más que dudoso que el Poder Ejecutivo pueda detener, prorrogar, o modificar de alguna manera la implementación del ajuste automático consagrado por Ley que incluso ya ha reglamentado. Es evidente que escapa a las facultades del Ministro de Energía suspender la aplicación de la ley impositiva (o de cualquier otra) salvo que el Poder Ejecutivo tuviera el poder delegado para hacerlo, práctica de delegación que es también cuestionable aunque se ha ido efectuando en el país a lo largo de los años.

Es cierto que las dos variables que han descontrolado la marcha de los planes del Gobierno, o sea precio del petróleo y tasas de los bonos del tesoro de EEUU, en realidad se deben a deseconomías externas; pero ello no puede solucionarse improvisando sobre la marcha y volviendo contra la palabra empeñada.

Trascendió también que desde algún sector del gobierno se señaló que "hubiera sido peor" el aumento impositivo con el sistema anterior del ITC (Ley 23.966), pero ello no es cierto pues como ya dijimos, en éste caso aumenta el impuesto y no los demás componentes del precio del combustible, y en el mejor de los casos lo que el nuevo sistema puede ofrecer es un "delay" en el aumento del impuesto que sigue infaliblemente a la inflación. Eso era perfectamente previsible. Es más: hoy está bajando el petróleo, pero el impuesto no baja.

El gradualismo que el Gobierno pretendía implementar políticamente y que hoy parece languidecer, requirió un verdadero manoseo de los precios del sector hidrocarburífero, puesto que el "congelamiento" o "Acuerdo de precios" logrado por el Ministro Aranguren con las petroleras, es directamente contrario a la libertad de mercado que se pregonó en un principio. Está claro que las contradicciones deben evitarse. Aranguren, más que nadie como Presidente de Shell, sufrió en carne propia los verdaderos "aprietes" de Guillermo Moreno, gran responsable junto con Cristina y Néstos Kirchner del período más oscuro y de mayor falta de responsabilidad en materia energética de la historia argentina, que finalmente nos llevó a ésta indeseable situación actual. El esquema kirchnerista pasaba, entre otras cosas, con prohibir los aumentos de los combustibles, cargando sobre las empresas privadas la pésima administración de los recursos que hacía el Gobierno Nacional.

No era demasiado difícil predecir, como lo hicimos, que la forma de fijar el nuevo Impuesto sobre los Combustibles no iba a tener efecto positivo alguno sobre los precios finales. La única solución real pasa por aliviar la presión fiscal sobre los combustibles bajando de una vez por todas los impuestos sobre los hidrocarburos, en lugar de recurrir a mecanismos que demuestran ser absolutamente inocuos o incluso perjudiciales.

La implementación de una política de libertad de Mercados anunciada oportunamente desde el Gobierno, (y que compartimos filosóficamente), se ve ahora contradicha por la intención de efectuar intervenciones directas del Gobierno en el precio de las naftas. Es una cuestión de Política de Estado, la que ha sido en éste caso, errática; y que impacta crudamente en los precios.

Es de esperar que la inflación siga subiendo, es de esperar que el tipo de cambio aumente y que el precio del petróleo fluctúe; y se debe actuar en consecuencia con éstas premisas haciendo planes fiscales y económicos que den previsión y estabilidad, puesto que más allá de la terriblemente difícil herencia que recibió el Gobierno de Macri, debemos planificar mirando el futuro.