Aún hay una oportunidad

Hace seis años, desde 1995, vengo advirtiendo sobre el riesgoso camino inaugurado a causa de los déficit del presupuesto nacional y la consiguiente necesidad de endeudarnos para afrontar esos quebrantos. Ello, ante la indiferencia de las autoridades políticas y económicas de entonces y, también, de la principal fuerza de oposición. Ninguno vio, o supo ver, lo que la lectura simple de las cuentas públicas mostraban. Muchos economistas profesionales tampoco.

En 1995 el gasto público nacional se presupuestaba en 41.173 millones, entre los que se incluían 3.882 millones de intereses, la «necesidad de financiamiento», o sea la deuda de capital que vencía ese año y debíamos renovar, más la plata fresca que nos debían prestar para atender el déficit, ascendía a 6.393 millones, equivalentes a 15 por ciento del total del gasto. En 2001, las erogaciones presupuestadas del gobierno federal suman 51.232 millones, pero los intereses anuales se estiman en 11.143 millones y la «necesidad de financiamiento» alcanza los 28.991 millones, equivalentes a 56 por ciento del gasto.

•Sangría

Si hacemos una cuenta muy sencilla, veremos que el gasto público primario de la Nación (antes de pagar intereses) ha aumentado muy poco desde 1995 hasta 2001, apenas 1.798 millones, pero la sangría viene por el lado de los intereses de la deuda, que se multiplicaron en seis años. Esto a causa de dos factores: a) aumento de la deuda por los sucesivos déficit; b) aumento de la tasa de interés por el riesgo cada vez mayor de que la Argentina entre en cesación de pagos y no devuelva lo que debe.

Se equivocan quienes creen que toda la solución pasa por la reducción del gasto primario. Aunque se lo lograse (López Murphy quiso disminuirlo en 2.000 millones y se armó un incendio), el drenaje anual de la carga creciente de los intereses de la deuda esfumará prontamente los mayores esfuerzos que se hagan. Nótese que los intereses equivalían en 1995 a 9 por ciento del total del gasto, mientras que en 2001 trepan a 21 por ciento.

En noviembre último tuvimos el blindaje, una asistencia financiera armada por el FMI de 40.000 millones. Propuse inmediatamente negociar que se destinase anualmente 20 por ciento de esa suma, es decir 8.000 millones por año, durante cinco años, al pago de una parte importante de los intereses. Asegurando a los acreedores el cobro de la renta del capital, tendríamos garantizada la renovación del crédito a tasas lógicas. No se me escuchó. En abril lo reiteré a las actuales autoridades económicas. Se me dijo que estaba listo el megacanje, que traería alivio.

•Fracasos

Hoy resulta que el blindaje y el megacanje no sirvieron para nada, y la credibilidad sobre nuestra solvencia futura es mucho menor que en la primera semana de noviembre de 2000, en vísperas de que el FMI, cambiando la política que había tenido con respecto a las crisis de otros países estratégicamente más significativos que nosotros, decidiese brindarle a la Argentina una asistencia financiera preventiva. México, Corea, Malasia, Rusia y Brasil no fueron asistidos preventivamente como nosotros, pero en seis meses nos devoramos todo a causa de los errores políticos y económicos.

Hoy, el Poder Ejecutivo dispone de enormes poderes legislativos, como jamás los tuvo un gobierno constitucional en nuestro país. La delegación de competencias que dispuso el Congreso le ha permitido dictar alrededor de 30 leyes en tres meses. A ello se agregan los decretos de necesidad y urgencia que siguen aflorando cotidianamente. El Congreso no es ningún obstáculo; al contrario, se despojó de atributos como en otras circunstancias no lo hubiese hecho.

La cuestión pasa por que el gobierno, a partir de un diagnóstico correcto de la crisis, adopte las medidas que sean eficaces. Por fin se sinceró la situación y se reconoció que la causa original de los males (recesión, desempleo) es el creciente déficit fiscal acumulado progresivamente desde 1995. Hay tres frentes simultáneos que se deben atacar. Primero, tratar de reducir el gasto primario todo lo posible; en este sentido, el esfuerzo debe apuntar no sólo a su disminución sino, especialmente, a hacerlo eficiente. Segundo, proponer una reforma impositiva de fondo que, al asociar el interés del contribuyente con el del fisco, permita reducir la alta evasión y elusión que existen; no me refiero a las medidas poco orgánicas que se han impuesto desde el Ministerio de Economía hasta hoy, sino a un cambio de raíz del régimen tributario sobre el que se han hecho algunos anuncios genéricos, pero siguen faltando concreciones. Tercero, negociar con el sistema financiero internacional, por medio del FMI, un alivio en la carga de los intereses de la deuda sobre el gasto anual, en los términos que propicié el año pasado al concretarse la asistencia financiera conocida como blindaje.

Si somos capaces de reducir y mejorar la calidad del gasto primario, si encaramos una reforma impositiva sustancial que al limitar la evasión aumente la recaudación, si negociamos con transparencia e inteligencia la carga del servicio de la deuda, podremos inmediatamente erradicar el déficit fiscal, restablecer la confianza en la solvencia argentina y recrear el proceso de crecimiento económico, requisito necesario para que disminuya el desempleo. Las medidas deben ser decididas concurrentemente y al mismo tiempo. Es posible hacerlo si las ideas son claras y acertadas. Todavía tenemos una oportunidad. La responsabilidad, desde luego, es de todos, pero la primordial es del gobierno, que dispone de los instrumentos necesarios para que el país vuelva a crecer. Ortega decía que la política era tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el gobierno en una nación. Es el momento de demostrar que somos capaces de actuar en consecuencia.

(*) Presidente del bloque de diputados nacionales del Partido Demócrata Progresista.