Hasta el peronismo -que sería el encargado de enviar el proyecto al Congreso-, Economía (responsable con la Jefatura de Gabinete de la hechura) y los gobernadores en su totalidad avalarían una ley para garantizar aun más el pago de la deuda argentina pero que, como efecto, provocaría un descenso de las tasas. Hay quienes suponen, sus promotores claro, que esta ley implicará el mismo impacto y trascendencia que la norma de la convertibilidad, la del uno por uno. Añaden que será un quiebre para dar vuelta la actual crisis económica y que caracterizará la gestión de Domingo Cavallo en esta segunda etapa, así como en la primera lo fue «un peso, un dólar». Se trata de una ley de crédito público, de garantías en rigor, cuya base consiste en ofrecerles prioridad automática de cobro -de la recaudación- a los tenedores de todos los títulos, bonos, Letras y vales emitidos por la Argentina. Tanto por la Nación como por las provincias. Aunque el país ha honrado habitualmente sus deudas, en Economía entienden que esta reconfirmación y prioridad les otorgaría más confianza a los inversores, al tiempo que podrían zanjarse o liberarse ciertas regulaciones y, fundamentalmente, el instrumento sería clave para bajar el alto nivel de tasas actual. La cifra que involucra a esta operación es de 100 mil millones de dólares, 85 mil que corresponden a la Nación y 15 mil millones a las provincias.
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Esta iniciativa que negocian Horacio Liendo y Raúl Garnero, que maduraba en el despacho de Chrystian Colombo desde diciembre, se anticiparía -según el criterio de gobernadores y legisladores que acompañanal megacanje de la deuda que saldría en junio, una forma de impulsar a la baja de tasas antes de suscribir el acuerdo con los bancos. «A ver si somos vivos por una vez. No vaya a ser que aprobemos la ley después del megacanje y nos perdamos varios puntos», reconocía anoche uno de los gobernadores que estimulan la iniciativa (interesado además en reducir la comisión que se ganarán los bancos). Aunque por ahora hay vasta mayoría, el propósito es que la decisión sea unánime, para demostrar voluntad general del país político por este proyecto. Naturalmente, quedan disidencias, algunas comprensibles: por ejemplo, la introducción de un órgano de control para la emisión de deuda, de modo que esta decisión no se supedite a la voluntad o control de un solo funcionario. En ese aspecto, es probable que haya algún tipo de responsabilidad por parte del Congreso. Se entiende el favoritismo de muchas provincias: algunas de ellas ya cumplen con ese requisito con sus bonos -pagan en forma automática por coparticipación-y, a pesar de esta solvencia asegurada, igual no consiguen tasas razonables. Quizás porque las emisiones son poco conocidas por el público y por tratarse de montos pequeños (30, 50 millones de dólares) o porque siempre hay alguna resistencia por el desconocimiento de las leyes locales que rigen a estos títulos. En el futuro, con la nueva norma, habrá una sola jurisdicción legal y la Corte Suprema será el organismo único de aplicación. O sea que todos los títulos, salvo sus condiciones propias, serán iguales a la hora de la garantía y la prioridad de pago.
Con este sistema de pagar de acuerdo a la recaudación -ya denominada «ley Avellaneda bis» en honor a la importancia que el joven presidente entonces le dedicó al cumplimiento del crédito público-cambiará tal vez el método de análisis para establecer las tasas. O sea que los inversores observarán el comportamiento fiscal de cada provincia o del mismo Estado y se inclinará por los bonos de aquellos distritos cuya recaudación sea más eficaz y cuyo gasto sea menor. Un premio a los que trabajan mejor y son más austeros, hecho que hoy no se contempla.
Como toda la deuda tendrá garantía del Estado, por ejemplo, tal vez las AFJP -en lugar de ceñirse a restricciones para la compra de títulos-dispongan de libertad para invertir según su parecer: 100%, 50% o 20% en títulos. Lo que supone también un nuevo y más caudaloso movimiento de estos papeles. Algunas provincias, para suscribir el acuerdo, también demandan algún tipo de contrapartida, al tiempo que ciertos legisladores parecen renuentes debido a que les cuesta aceptar que primero se pague a los tenedores de títulos y luego, por utilizar un caso, a los jubilados. La reflexión que se les opuso es la siguiente: con el actual esquema, los jubilados -que cobran de acuerdo al rendimiento de sus prestadores-pierden por las altas tasas, la baja de los títulos y, eventualmente, ante una crisis superior, por un descenso violento de esos precios. Por el contrario, con esta nueva ley -expresan sus promotores-, la baja de tasas y un mayor valor para los títulos permitiría garantizar y mejorar el ingreso de los jubilados.
Igual nada será sencillo: así como con la convertibilidad se reconoció la existencia de la moneda (algo en que los argentinos no creían por la inflación y las permanentes devaluaciones), este proyecto de crédito público hará tomar conciencia sobre una deuda que agobia pero que el Estado asume a veces como si no existiera.
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