El gobierno avanzará, el 2 de marzo, en la reapertura de las sesiones ordinarias del Congreso, con el proyecto para que los jueces y otros funcionarios judiciales comiencen a tributar el Impuesto a las Ganancias. Para que esta vez la idea prospere, pese a las críticas desde los propios magistrados y de los observadores que aseguran que este proyecto podría afectar la independencia judicial, el gobierno de Néstor Kirchner ya se aseguró que la Corte Suprema de Justicia emitirá previamente a esa fecha una acordada que avale la aplicación del impuesto. Sólo con esta condición. Luego, desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que maneja Jorge Capitanich, se presentaría la ley que aplicaría el impuesto al salario de los jueces. Si finalmente la ley avanza, Kirchner logrará lo que ya intentaron sin suerte sus antecesores Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. El jefe de Estado quiere aprovechar el momento de apoyo político para que finalmente avance la aplicación de este impuesto sobre los jueces, que de hecho representan el único sector de la sociedad argentina al que no se le aplica el tributo a la renta. Según cálculos oficiales, anualmente se recaudarían entre 79 y 83 millones de pesos más. En promedio, y dependiendo la escala salarial de cada juez, mensualmente los magistrados pagarían entre 400 y 600 pesos. Con el aval de la C.S.J. vía una acordada previa, se salvaría la amenaza de declarar inconstitucional la medida.
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