8 de septiembre 2005 - 00:00

Avanzó en Diputados proyecto contra la evasión previsional

La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado el proyecto que otorga facultades especiales a la AFIP para controlar la evasión previsional, y que integra el tramo más polémico del paquete Antievasión II. En el mismo proyecto se incorporó la posibilidad de deducir del Impuesto a las Ganancias los salarios del personal doméstico, como incentivo para que éstos sean registrados. El proyecto aumentó además las penas de 206 años en los delitos previsionales cuando el importe supere los 10.000 pesos. La aprobación no fue fácil para el gobierno, y en especial para Roberto Lavagna que insiste desde hace casi un año con esta iniciativa. La semana pasada el oficialismo no consiguió avanzar mas que en la votación en general y ayer la sesión comenzó con dos horas de retraso en medio de protestas y chicanas políticas de toda la oposición, a lo que se sumó el duhaldismo contra el kirchnerismo. De hecho, Juan Manuel Urtubey, uno de los cuatro conductores del PJ, tuvo que pedirle a Eduardo Camaño 20 minutos de espera para que llegaran los diputados más fieles a la Casa de Gobierno, mientras la oposición esperaba sentada. Finalmente el proyecto se aprobó en la misma sesión que una hora después votó un programa de promoción al sector algodonero -primer intento del Congreso para reducir retenciones- y la autorización para realizar 17 ejercicios militares dentro y fuera del país entre fuerzas argentinas y extranjeras.

• Atribuciones

El proyecto otorga a la AFIP nuevas facultades para verificar y controlar la morosidad y evasión en materia previsional. Las facultades fueron atacadas por la oposición radical y el ARI por excesivas, básicamente por la cantidad de nuevas presunciones que se habilitan para la determinación de supuestos casos de evasión.

Es decir, que esas presunciones se utilizarán para verificar las declaraciones presentadas por la empresa o datos incompletos proporcionados a requerimiento de la AFIP cuando haya variaciones que no se correspondan con la realidad, de acuerdo con estimaciones o inspecciones, habilitando entonces la determinación de oficio de los aportes y contribuciones supuestamente evadidos.

Los puntos de la ley que ahoradeberá tratar el Senado son:

• Las polémicas presunciones que se otorgan a la AFIP en el proyecto se aplicarán cuando el contribuyente no haya presentado su declaración jurada o ésta sea incompleta, o cuando la DGI no cuente con información y datos precisos (por ejemplo, cantidad de personal, montos de salarios pagados). En ese caso la AFIP podrá efectuar estimaciones de oficio en base a parámetros similares de otros empleadores de la misma actividad o región, tomando como referencia el monto facturado, mejoras en la productividad, consumo de energía o incremento de compra de insumos.

Es decir, que ante el incremento de cualquiera de estas variables, la AFIP podrá presumir que una empresa ha contratado nuevo personal y no lo ha declarado.

• Se establece también otra presunción en materia de seguridad social:
salvo prueba en contrario siempre que se preste un trabajo personal a un tercero la AFIP presumirá que existe contrato de trabajo y relación de dependencia entre ese trabajador y el tercero. Si no se declara o se demuestra que ésta no existe, se habilita la vía administrativa donde se le pedirá al contribuyente que demuestre la inexistencia de un trabajo en relación, caso contrario el expediente pasará a la Justicia.

• Dentro de la relación entre trabajador y empresa se autoriza a la AFIP a presumir que:
la fecha de ingreso de un trabajador es anterior a la declarada por el empleador cuando no se haya cumplido a tiempo con el registro y alta ante el organismo.

• Los asociados de cooperativas de trabajo se presumirán siempre empleados de quien utilice sus servicios para el objetivo principal de la actividad de esa cooperativa. Mas allá de la existencia de evasión previsional en el este caso -al ocultar relaciones laborales y aportes no pagados- esta medida será un golpe a las cooperativas de trabajo que hoy prestan servicios.

• El procedimiento que se establece indica que cuando de la inspección que haga la AFIP resulte que la cantidad de personal y los montos de salarios no se condicen con la actividad de la empresa no se aceptarán esas declaraciones y la AFIP podrá efectuar una determinación de esos datos a través de las presunciones.

Incluso el poder del organismollegará a que cuando no se pueda individualizar a un trabajador sospechado como no registrado o en negro, se podrán efectuar determinaciones de oficio en general sobre los aportes y contribuciones de la empresa.

• En materia de sanciones, las actuales multas se multiplicarán en función del monto de los aportes que no fueron declarados, en los casos en que no se presenten declaraciones juradas propias de la empresa o de terceros en caso que se trate de un agentes de retención o que estén obligados a informar.

• Para calmar las críticas, el kirchnerismo dejó en claro -y se introdujeron modificaciones al proyecto en este sentido- que el contribuyente siempre puede impugnar esas multas, como las sanciones que imponga la AFIP, demostrando con pruebas lo contrario.

• En cuanto a penas, se establece que se aplicarán de 2 a 6 años de prisión a la empresa que no deposite los aportes previsionales retenidos a empleados dentro de 10 días hábiles del vencimiento, siempre que el importe no depositado supere los $ 10.000. Esto implica que un contribuyente acusado por la AFIP de este tipo de evasión, podría ser afectado con prisión efectiva si la sanción final supera los 3 años.

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