La Paz (EFE, AFP) - La Cámara de Diputados de Bolivia sancionó ayer la nueva Ley de Hidrocarburos, tras aprobar los cambios introducidos por el Senado, lo que supone un sistema impositivo «confiscatorio», según denunciaron las empresas internacionales con intereses en el sector.
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Sin embargo, la ley aprobada con el apoyo de partidos de centro y de derecha, generó reclamos de las bancadas de izquierda, que ya anunciaron protestas en todo el país.
La nueva legislación, que ahora será enviada al presidente Carlos Mesa para su promulgación o rechazo, deroga la ley vigente desde 1996 e impone un nuevo impuesto de 32% sobre la producción que se sumará a la regalía de 18% en vigor, ambos no deducibles de otros impuestos. El nuevo tributo será además calculado en «boca de pozo» por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y obliga a que todos los contratos sean revisados de acuerdo con los parámetros aprobados. Las opciones que se manejaban en la Cámara baja eran tres:
• El gobierno de Carlos Mesa buscaba crear impuesto de 32% deducible de otros gravámenes, lo que era aceptado por los actores privados (RepsolYPF,Total, Enron y Petrobras).
• El Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales reclamaba 50% de regalías no deducibles ya que considera que el esfuerzo aprobado no garantiza que el Estado se quede con 50% del negocio.
• El presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, propuso 32% de impuestos no deducibles sumados a las regalías de 18% (lo que fue aprobado). Mesa dio señales en los últimos días de que podría rever su postura original para dar curso a la norma tal como fue aprobada ayer, aunque las empresas parecen decididas a recurrir a tribunales internacionales.
Para afrontar esas hipotéticas demandas, el gobierno de Mesa ya maneja el argumento de que la norma que va a ser derogada no había sido debidamente aprobada por el Congreso, tal como sostuvo la Corte Constitucional.
Incluso hay pedidos de la Fiscalía para procesar a los anteriores mandatarios Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada, por la firma supuestamente indebida de unos 100 contratos de hidrocarburos.
De los 110 diputados asistentes, 59 votaron a favor de la aprobación, 48 en contra y tres en blanco. El diputado socialista Manuel Morales Dávila no dudó en afirmar que «corrió plata» en los pasillos del Congreso boliviano.
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