Preska confirmó ayer guiño al país en el caso YPF

La jueza neoyorquina ratificó decisión de abrir un proceso de Discovery. Malestar con Burford. Las partes deberán presentar sus argumentos durante el primer semestre de 2021.

Loreta Preska confirmó ayer su buena disposición para escuchar al país y atender los argumentos que el Gobierno quiere aplicar en el juicio que el fondo buitre Burford Capital le sigue a la Argentina por la manera en que se reestatizó YPF en 2012. La jueza del segundo Distrito Sur de Nueva York le dio ayer la razón a los argumentos de los abogados que defienden la posición local, confirmando su decisión del 23 de diciembre pasado de abrir un proceso de Discovery. Esto implica que durante el primer semestre del año próximo, las partes en cuestión deberán presentar sus argumentos para defender cada uno su intención en el juicio. Argentina dará sus argumentos para que el caso se lleve adelante en Nueva York, pero aplicando leyes argentinas. En el caso de Burford, enfatizará la responsabilidad del país sobre el proceso de concurso de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora en Madrid.

Con este paso favorable al país, la definición del caso se posterga en el tiempo, y no antes de octubre de 2021 habrá una conclusión. Tal como adelantó ayer este diario, esto le dará tiempo a los abogados que representan al país, para que puedan armar sus argumentos a favor de la falta de responsabilidad de la Argentina, al no ampliar la oferta a Repsol al resto de los accionistas privados con acciones en la petrolera. La estrategia de aceptar el fallo de Preska de juzgar en su tribunal, pero proponer que sea con leyes argentinas, fue un cambio en el accionar de la actual Procuración del Tesoro que, aparentemente, estaría trayendo resultados positivos en aquel tribunal históricamente negativo para el país. Sólo hay que recordar que en ese lugar reinaba Thomas Griesa en el “juicio del siglo” que los fondos buitre le ganaron al país luego del default de 2001.

Con la decisión de ayer se confirma lo que el martes pasado Preska también había deslizado contra Burford. La magistrada que reemplazó a Griesa está molesta por la estrategia del fondo de origen inglés Burford Capital, por haber cambiado de abogados y por haber elegido radicarse en el mercado neoyorquino para tener una posición privilegiada para el cobro de eventuales ganancias por este caso. Según Preska, esta actitud determina una posición de ventaja del fondo para lograr una representación de “local” en el tribunal, cuando desde que comenzó el caso hacia delante siempre dejó claro que se trataba de un fondo de inversión europeo que se sintió perjudicado por la manera en que la Argentina habría violentado leyes de los Estados Unidos. Lo que siempre Preska tomó en cuenta es que se trataba de dos litigantes extranjeros que debían definir sus diferencias en Nueva York. Y ahora considera un intento de obtener una ventaja injustificable el intentar convertirse en local, solo para tener una posición privilegiada y no para radicarse como fondo de inversión estable en Wall Street.

Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a las arcas del fondo.

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo ingresar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen. El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de una audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.