El gobierno está dispuesto a enviar mañana al Congreso un proyecto de ley para modificar el procedimiento judicial actual de ejecuciones hipotecarias. Busca Roberto Lavagna una solución no sólo al conflicto por las ejecuciones que provocan manifestaciones de deudores en el Congreso y la Casa de Gobierno, sino también al costo político que está pagando el kirchnerismo por no debatir un proyecto sobre ese tema en Diputados. El duhaldismo se alió con la oposición y hace 20 días que viene sentándose en el recinto junto a radicales, aristas y la izquierda pidiendo la votación de un proyecto en contra de la pretensión del gobierno de frenar ese debate.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Para no seguir pagando ese costo, mañana el Ministerio de Economía enviará, en realidad, dos proyectos de ley al Congreso, que el fin de semana terminaban de consensuar con diputadosoficialistas. En uno de ellos se trata la situación de los deudores hipotecarios con préstamos tomados en el sector financiero y en curso de ejecución por mora, y en el segundo el caso de las hipotecas tomadas con acreedores privados.
A diferencia de los planteos del radicalismo, la izquierda, el ARI y el duhaldismo en Diputados, el gobierno no piensa en una suspensión de ejecuciones hipotecarias, sino en un procedimiento donde el Banco Nación intervenga como mediador antes que un juez disponga la ejecución de un inmueble. El papel del Nación será definir cuántos de esos casos pueden ser salvados del remate incorporándolos al fideicomiso que se creó para la refinanciación de deudas hipotecarias. En el caso de los morosos con préstamos tomados a acreedores privados, la gran mayoría ingresó en su momento en ese fiduciario que administra el Nación, aunque siguieron sufriendo algunos inconvenientes por la demora en los pagos de ese fondo a los acreedores, lo que en algunos casos reactivó los procesos de ejecución hasta que Lavagna dispuso transferir los fondos para los pagos.
